El Gobierno tuvo que inyectar casi 40 millones a mediados de mes para evitar su caídaColombia está a punto de iniciar la llamada segunda fase del plan de viabilidad de Electricaribe y ya tendría sobre la mesa del orden de quince ofertas de compra. El pasado 29 de noviembre, la Financiera de Desarrollo Nacional con sus asesores, el banco de inversión Lazard y el despacho de abogados Brigard & Urrutia, entregaron al interventor de la compañía el informe que comenzaron a elaborar el pasado agosto. En dicho documento, que no ha sido hecho público, se destaca la necesidad de devolverle la viabilidad a la empresa para que sea posible mejorar las condiciones de prestación de servicio. A partir de ahora, el Gobierno colombiano tiene que estudiar sus opciones. Es decir, que tendrá que optar o bien por capitalizar la compañía de nuevo, por venderla o por devolvérsela a Gas Natural Fenosa pero mientras deshoja la margarita, la Superintendencia ha tenido que volver a inyectar dinero en la empresa para que pueda seguir funcionando. La Superintendencia zaportó alrededor de 41 millones de euros y solicitó más garantías estatales. La Contraloría del país ya había alertado que si se deja de pagar a los generadores, el mercado eléctrico colombiano tendría un colapso, ya que Electricaribe representa el 22 por ciento de las transacciones de energía. La institución aseguró en un informe que se había producido un incremento en los indicadores de indisponibilidad del servicio en el mercado de la Costa Caribe, pasando de un índice del 90,84 a 99,37 en el indicador SAIDI (System Average Interruption Duration Index). En cuanto al indicador de pérdidas de energía, los datos de la Contraloría presentan a septiembre de 2017 una pérdida promedio mensual del 22,58 por ciento. Los cálculos además realizados indican que el déficit de caja ascendería a cerca de 35.000 millones de pesos y la situación se agravará en febrero del próximo año cuando puede llegar a alcanzar los 138.000 millones, lo que compromete que se pueda seguir dando el servicio. La tesorería de la empresa compromete los pagos a los proveedores alcanzando para un rango de pago de entre el 30 por ciento y el 65 por ciento, según los datos de este organismo.