El músico lleva las amenazas de la entidad ante la Audiencia y la Policía JudicialAlejandro Sanz se enfrenta a la SGAE a raíz de las últimas informaciones de elEconomista sobre las prácticas fraudulentas de La Rueda, el caso por el que la Audiencia Nacional investiga el cobro por parte de determinados autores por falsos arreglos de música emitida de madrugada en las televisiones. El director jurídico de la entidad, Antonio Martínez Bodí, ha remitido una carta al conocido cantautor y otros músicos como Melendi, Antonio Carmona, Rosario Flores o Bebe, todos ellos vinculados a la Coalición Autoral (COA), para que se desmarcaran de los artículos publicados por este periódico en relación al caso. Especialmente después de que la COA asegurara que la SGAE no había tomado las medidas necesarias para acabar con esta práctica. En la misiva, a la que ha tenido acceso elEconomista, Martínez Bodí lanza una amenaza velada a los autores en el caso de que no rectifiquen. "Habida cuenta de que tu nombre aparece en muchas de estas informaciones, te rogaría que me ratificaras estos extremos para obrar en consecuencia", asegura el director jurídico de la SGAE. Y va más allá. "Nos vamos a ver obligados a tomar todas las medidas que estén en nuestra mano", insiste. Lejos sin embargo de rectificar, Alejandro Sanz le contestó en otra carta, avalando no solo estas informaciones sino denunciando además ante los tribunales y la policía el tono amenazante empleado. Según asegura el cantante en su respuesta, "ante la insólita e inaceptable comunicación recibida por parte del director de los servicios jurídicos de la SGAE (...) le requiero para que inmediatamente y, de forma fehaciente, me comunique si la citada comunicación lo es a título personal o, por el contrario, lo es en nombre y con conocimiento del presidente de la SGAE, el señor Fernández Sastrón". Con un tono visiblemente molesto, Alejandro Sanz anuncia al director jurídico de la SGAE que "he dado traslado de la referida carta al juzgado de instrucción número dos de la Audiencia Nacional (que investiga La Rueda), así como a la Policía Judicial encargada del caso", solicitándole que de ahora en adelante se comunique con sus representantes legales. Sorprendido por esta respuesta, Martínez Bodí remitió una nueva carta al bufete que representa a Alejandro Sanz, MA Abogados, asegurando que actúa en nombre de la SGAE y no a título personal y explicando que "las noticias que motivaron mi comunicación salieron publicadas en el periódico elEconomista 28 de septiembre y el 13 de octubre". En dichos informaciones, este periódico explicaba como la COA acusaba a la SGAE de desafiar al juez y no cortar la estafa de la música en televisión, ocultando plagios de música. "La SGAE inició en mayo de 2013 una investigación interna y en febrero de 2014 se dio por terminada. Solo se realizaron un centenar de peritajes de las casi mil obras sinfónicas detectadas como sospechosas de ser irregulares, pero se despidió a los responsables de realizar esos peritajes y se consideró que los delitos detectados habían prescrito", explicaba COA en uno de estos artículos. Según la asociación, que agrupa a un total de 400 autores y que se ha rebelado contra la SGAE, "nunca se puso en conocimiento de la justicia que se habían detectado plagios, que por cierto es un delito que no prescribe". El director jurídico de la entidad explica en su carta a los abogados de Alejandro Sanz que "ni la SGAE ha ocultado plagio alguno ni tampoco está permitiendo ninguna estafa y menos desafiando a la justicia", pero tanto el músico, que ha vendido más de 25 millones de copias de sus discos en todo el mundo, ni el resto de los 400 autores que forman la COA se han echado para atrás tras recibir las cartas. "Libelo difamatorio" De hecho, esta organización remitió también una carta el pasado 29 de noviembre a la SGAE en la que califica de "libelo difamatorio" la carta inicial de su director jurídico, defiende su libertad de expresión e insiste en que Antonio Martínez Bodí intenta "presionar e influir maliciosamente en los socios y en la opinión pública". Por ello, y tras calificar este hecho de "inaceptable", requieren al presidente de la SGAE, "como responsable máximo de la entidad a dar explicaciones sobre este asunto". "Es nuestra obligación pedir una rectificación pública por las acusaciones y amenazas formuladas por el señor Martínez Bodí, y su cese inmediato a cargo de los servicios jurídicos de la SGAE", denuncian.