El magistrado mantiene la acusación contra la propia entidad y su matriz BFA, a pesar de la negativa del fiscalEl juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, acordó ayer la apertura de juicio oral del caso Bankia contra el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y otras 34 personas físicas y jurídicas, entre las que se encuentran la propia Bankia y su matriz BFA, los miembros del consejo de administración de ambas entre 2010 y 2011, y la firma Deloitte, que auditó los estados financieros con los que la entidad salió a bolsa. De este modo, Andreu se mantiene firme en su acusación contra la entidad y BFA, a pesar de que el Ministerio Fiscal pidió sobreseer la causa penal contra ambas por su actitud colaboradora durante la instrucción. El juez, sin embargo, considera que esta predisposición, en todo caso, puede servir para una posible atenuación de la responsabilidad penal, pero nunca para declarar el sobreseimiento. El magistrado de la Audiencia Nacional juzgará a los 35 acusados por los delitos de falsedad en las cuentas de la entidad de los ejercicios 2010 y 2011 y por fraude a los inversores. Así, el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, se enfrenta a una pena de cinco años de cárcel, la mayor solicitada en el caso, mientras que la petición de pena para José Luis Olivas, exvicepresidente del banco, es de cuatro años, de tres, para el exconsejero, José Manuel Fernández Norniella, y de dos años y siete meses para el exconsejero delegado, Francisco Verdú. Críticas al magistrado Rodrigo Rato criticó ayer, a través de un comunicado, la decisión del juez Fernando Andreu de no abrir juicio oral contra el Banco de España, la CNMV ni el Frob. "Justicia sobre personas, no sobre hechos", lamentó. El magistrado asegura en su auto que a lo largo de estos cinco años de instrucción se han recabado indicios racionales que demuestran que los administradores de BFA y Bankia aprobaron unas cuentas "maquilladas" sobre la verdadera situación de las entidades que administraban. Según el juez, las cuentas provocaron un perjuicio tanto para los que suscribieron acciones de la cotizada, como para el Estado.