E l modelo Alzira ha sido pionero por muchos motivos y va a serlo hasta el final. Fue la primera concesión administrativa de gestión sanitaria en España que asumió un grupo privado en 1999 y todo parece indicar que será también la primera concesión que no se prorrogue en la Comunidad Valenciana si los tribunales no frenan antes los planes del Gobierno regional. El grupo concesionario Ribera Salud estudia un recurso para parar el reloj de la reversión decretado por el Gobierno de Ximo Puig, cuyo plazo vence el 31 de marzo de 2018. El grupo baraja la posibilidad de solicitar medidas cautelares. Se trata de evitar el más que probable perjuicio que la decisión de no prorrogar el contrato causará a los profesionales y a los 250.000 habitantes del departamento de salud de La Ribera. Antes, la empresa ya presentó el año pasado un recurso contencioso administrativo cuya resolución puede llegar con posterioridad a la fecha de finalización del contrato, una razón que podría motivar la petición de medidas cautelares ante el negro panorama que, según la empresa, se abre para los trabajadores y también para los propios usuarios, que se enfrentarán a un empeoramiento de su atención sanitaria si se equiparan las listas de espera con los otros centros de gestión pública directa. La consejera de Sanidad, Carmen Montón, no cede y mantiene su voluntad de acabar con las concesiones, según manifestó recientemente en un acto público en Madrid. Lo que todavía no ha aclarado la impulsora de la reversión es en qué situación contractual y laboral quedará la plantilla de 1.800 profesionales de La Ribera. La política tan solo ha señalado que garantizarán los puestos de trabajo sin precisar cómo, si se convertirán en personal estatutario, si se creará una empresa pública y su relación será laboral o si se respetarán las condiciones del actual convenio colectivo. Tampoco ha precisado la Generalitat cómo mantendrá la actual cartera de servicios de Alzira. Montón sostiene que los presupuestos de 2018 recogerán una partida para asumir a los trabajadores y que destinará un plan de inversiones de 6,9 millones de euros para mejorar la atención primaria y especializada del departamento. Un dinero que podría salir de las liquidaciones pendientes de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 y que, según la Consejería, acumulan un saldo favorable de 300 millones de euros. Además del frente económico, la reversión genera una gran incertidumbre que afecta no solo a la empresa concesionaria, sino a los usuarios, trabajadores y a la propia Administración General del Estado. Mariano Guerrero, director de Planificación y Proyectos del Grupo Ribera Salud, criticó durante el pasado Congreso de Derecho Sanitario celebrado en Madrid la "inseguridad e incertidumbre generada por decisiones basadas en planteamientos políticos y no técnicos". "Hay 2.000 profesionales que no saben qué va a pasar con sus vidas", denunció. Manuel Alegre Nueno, magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad Valenciana, considera que la actual regulación impone la subrogación empresarial en favor de la Administración que ha suscrito el contrato, si bien asumirlos como estatutarios no es posible porque vulnera el derecho de acceso a la función pública por concurso de mérito y capacidad", según recordó Miguel Borra, presidente del sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), durante la mesa redonda celebrada en el Congreso para analizar la reversión anunciada. Límites de déficit público Al problema laboral hay que añadir el económico. La reversión no saldrá gratis al Gobierno valenciano, ni mucho menos, e incluso se podría ver paralizada por su coste para las arcas autonómicas. Lo apuntó también el magistrado Manuel Alegre Nueno. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 impone límites de déficit público de obligatoria aplicación para las comunidades autónomas que, en el caso de respetar el convenio laboral vigente firmado por los trabajadores de La Ribera hasta diciembre de 2018, implica una subida laboral del 2 por ciento, frente al 1 por ciento autorizado en los presupuestos de 2017. No es el único ni mayor coste económico que tendría que asumir el Gobierno valenciano. Entregar las llaves de La Ribera incrementará el gasto público corriente en al menos un 20 por ciento, como ha demostrado el informe de la Sindicatura de Cuentas. Ribera Salud calcula que la factura pública de la sanidad valenciana podría elevarse entre 50 y 70 millones de euros al año solo en costes directos, al hacerse cargo de la gestión del departamento de La Ribera que cubre a una población de 250.000 personas, además de asumir la carga laboral del personal sanitario que vulneraría la tasa de reposición de profesionales del sector público. Un incremento del gasto público que exigirá la autorización del Gobierno al contravenir las reglas de estabilidad fiscal y el plan de ajuste que el Ejecutivo regional debe cumplir. Hasta entonces, Ribera Salud se ha convertido en la primera empresa a la que una Administración no autoriza a contratar personal con carácter indefinido desde abril de 2017, según las normas de reversión dictadas por la Consejería de Sanidad, y también la única empresa donde los representantes de los trabajadores siguen a la expectativa ante esta situación y su futuro. Porque "los sindicatos ni están ni se les espera", aseguró Salvador Sanchís, director de Recursos Humanos del Grupo.