E l Ministerio de Sanidad y Fenin, la patronal del sector de tecnología sanitaria, están trabajando en un plan de renovación de equipos instalados en la sanidad pública que podría estar listo a principios de 2018. El objetivo de las reuniones mantenidas hasta la fecha entre Fenin y el secretario de Estado de Sanidad, José Castrodeza, es renovar un parque tecnológico que presenta índices demasiado altos de obsolescencia, ya que entre el 32 y el 59 por ciento de la tecnología instalada tiene más de 10 años. Se quiere cumplir así con las recomendaciones internacionales sobre la antigüedad de los equipos, además de establecer los medios adecuados para planificar la renovación de la tecnología de forma escalonada durante los próximos cuatro o cinco años. El coste de la compra o actualización de nuevos equipos podría alcanzar los 1.400 millones de euros, según la propuesta realizada por Fenin que la patronal lanzó coincidiendo con su 40 aniversario. Una inversión que se podría acometer dentro de un plan a cuatro años, a razón de 350 millones de euros al año. "Es una cifra tentativa", según señala a elEconomista Carlos Sisternas, director de Fenin Cataluña, que apunta también que habría que descontar el impacto de las donaciones de la Fundación Amancio Ortega en algunas tecnologías, como mamógrafos y aceleradores, y que ascienden a 320 millones de euros. "El análisis no es completo porque, por ejemplo, no se ha cuantificado el importe de litotricias por falta de datos, pero la inversión prevista nos parece una cantidad razonable y moderada", destaca. En total, las necesidades financieras rondarían los 1.000 millones de euros. Receptivos en el Ministerio Carlos Sisternas reconoce que hay todavía muchas cuestiones abiertas a pesar de que el Ministerio de Sanidad ha sido "muy receptivo y ha hecho suyas las conclusiones sobre antigüedad de equipos", con los datos agregados de la industria. Incluso el Ministerio de Hacienda está al tanto del plan y sería consciente de la necesidad de acometer esta inversión en la sanidad pública, según sostienen desde la industria. La financiación del plan es sin duda la más acuciante para unas comunidades autónomas que tendrán que ponerlo en marcha aunque el reto de coordinarlo sea de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. ¿Cómo se puede financiar? Sisternas apunta compras centralizadas o dotaciones finalistas a las comunidades autónomas como posibles mecanismos de sufragar esta inversión. En cualquier caso, las regiones tendrán que dedicar más recursos para tecnología, porque una de las partidas que ha sufrido mayores recortes durante la crisis es el capítulo VI de inversiones. Las cifras barajadas en 2017 siguen estando muy lejos de las plasmadas en 2010, cuando se invirtieron 1.010 millones de euros en nueva tecnología o infraestructuras. El recorte presupuestario acumulado durante 2011-2017 alcanza los 7.194 millones de euros, según un reciente estudio de Comisiones Obreras, y este capítulo se ha convertido en uno de los tendones de Aquiles del SNS, ya que, además de la obsolescencia tecnológica de los hospitales y centros de salud españoles, las infraestructuras también presentan serias deficiencias que están poniendo en riesgo la salud de los pacientes y que requieren de una importante inversión en su renovación. En los ejercicios de 2012 y 2013, las comunidades habrían invertido la mitad de los más de 200 millones de euros destinados al año a sistemas de diagnóstico por la imagen en los años previos a la crisis, lo que ha provocado un incremento relevante del nivel de obsolescencia tecnológica. España, por ejemplo, tiene el peor índice de renovación de resonancias magnéticas de los antiguos países de la Europa a 15 (ver gráfico). Compra centralizada El sector cree que el nuevo Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que afecta de lleno al sector sanitario, puede ser una oportunidad para abordar con ventajas esta renovación. Una de las novedades introducidas es que el proyecto abre la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad organice acuerdos marco para la adquisición centralizada de suministros de medicamentos y productos sanitarios, así como de "servicios sanitarios" a escala estatal. Francisco de Paula Rodríguez, director de Estrategia de Medtronic, considera que hay que avanzar en esta dirección hacia modelos de contratación de procesos y resultados, y no de coste de adquisición de dispositivos o tecnología. Lo que las Administraciones licitarían sería una tarifa por el coste de tratar a un paciente diabético o cardiaco a través de un abordaje integral de su tratamiento que tenga en cuenta los resultados en salud obtenidos y se ajuste mediante modelos de riesgo compartido. Una opción de compra innovadora que elimina intermediarios y exige sistemas ágiles de información y un desarrollo legal preciso a través de una futura norma. En cualquier caso, una impresión compartida en el sector es que se está perdiendo una oportunidad de introducir otro criterio en las compras sanitarias además del precio, cuando el objetivo de la norma es precisamente que el precio deje de ser el factor fundamental de adjudicación. Desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos se han subrayado en un reciente informe las dificultades para desarrollar modelos de compra pública innovadora y compra pública de innovación que faciliten la actualización tecnológica de una sanidad que sufre un grave problema de obsolescencia por falta de renovación de equipos. Además, se reclaman garantías para que los procedimientos de compras centralizadas no penalicen la innovación ni la capacidad de decisión de los médicos. No obstante, y como subraya el abogado Julio Sánchez Fierro, la ley de contratos "es una oportunidad, pero no la única oportunidad". Este experto en derecho sanitario y uno de los mejores conocedores de la sanidad española considera que, bien a través de una nueva norma de rango legal o mediante la modificación de una existente, como podría ser la actual Ley de Cohesión y Calidad del SNS, se podría "sintonizar así la sanidad con un modelo de contratación más avanzado y moderno como el que se plantea desde Europa". El director del Departamento Legal de Fenin, Pablo Crespo, considera que la ley es "una excelente oportunidad para reconocer la calidad asistencial y proteger la sanidad pública", y también para "comprar mejor y más barato". Y es que el precio de contratación no puede ser el único factor determinante de la adjudicación, como así se ha reconocido en una sentencia, recuerda este experto, y apunta el propio proyecto en el caso de los servicios sanitarios. No es lo mismo comprar un equipo de radiología oncológica que pueda medir la dosis exacta de radiaciones que recibe el paciente en cada prueba, que adquirir otro equipo que no incluya este dato o emita el doble de la dosis precisa aunque su precio sea menor.