La preocupación empresarial por la crisis catalana es máxima. La fuga de compañías continuó en noviembre: con otras 84 sedes trasladadas el día 2, la sangría ya supera las 2.000 y las consecuencias económicas derivadas del desafío independentista son "alarmantes", tanto para Cataluña como para el resto de España. Así lo advirtió ayer el presidente de la patronal Cepyme y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi. "Nosotros lo que queremos es estabilidad y seguridad en los sitios en los que actuamos y trabajamos y, para ello, también es fundamental respetar permanentemente el Estado de Derecho y su funcionamiento ordinario", declaró Garamendi en una entrevista concedida a Radio Euskadi. Respecto a los daños económicos, el representante empresarial reivindicó que desde Cepyme lo han venido advirtiendo durante todo el proceso. "Al final, han salido 2.000 empresas de Cataluña, seis de las siete del Ibex 35", recordó Garamendi, quien cifró la fuga de compañías en el 40 por ciento del PIB catalán. Más allá de las cifras, a estas alturas de la deriva ilegal del Govern de la Generalitat, a nadie se le escapa el enorme impacto que va a generar en la economía de la región y en la del conjunto del país. Aunque sin citar el conflicto catalán literalmente, desde la CEOE también avisaron de que la recuperación económica que lucha por consolidar España peligra por la tensión que ha alcanzado su punto álgido en el último mes. En un comunicado para valorar los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social en octubre, los empresarios comentaron que esperan que el avance de la recuperación del empleo continúe consolidándose en otoño, de forma acompasada con el crecimiento del PIB, y no se vea afectado por "tensiones y situaciones de incertidumbre en el panorama nacional". La organización empresarial aseguró que "la mejora del mercado laboral precisa un marco de estabilidad social y político, libre de incertidumbres que lleven a posponer decisiones de inversión".