La querella contra 'Govern' y Mesa del 'Parlament' reclama 6 millones de fianzaJuicio al procés. Así podría resumirse el objetivo de las querellas que la Fiscalía General del Estado presentó ayer contra Carles Puigdemont y el resto de miembros del Govern cesados, y contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los demás integrantes de la Mesa que respaldaron los planes soberanistas. Ambas fueron registradas, respectivamente, ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Los hechos que el fiscal general, José Manuel Maza, reclama investigar no se limitan a la proclamación de independencia del pasado viernes ni al referéndum ilegal del 1-O, sino que abarcan desde la declaración de soberanía con la que el Parlamento catalán comenzó la legislatura -el 9 de noviembre de 2015- hasta la comparecencia de Puigdemont del sábado, en la que aún se presentaba a sí mismo como "presidente de la Generalitat". Maza reclama que se investiguen todas las actuaciones que los impulsores del procés desarrollaron desde las instituciones y alentaron en la calle dirigidas "a la proclamación de Cataluña como un Estado independiente". Así, el extenso relato fáctico de 29 puntos incluye desde las leyes de desconexión y las partidas de los presupuestos destinadas a financias "procesos refrendarios", hasta las movilizaciones que los dirigentes soberanistas impulsaron el 6 y 7 de septiembre y el 1-O que, según afirma, pretendían incitar a la desobediencia e impedir la actuación de Policía y Guardia Civil. Así, según los textos -que rondan en ambos casos las 120 páginas-, Puigdemont y los suyos, en sus llamamientos contra la actuación policial, "sabían que estaban incitando a las muchedumbres para intimidar a los agentes policiales y para que éstos no pudieran hacer efectivo el mandato judicial". Es decir, el fiscal ve una actuación coordinada desde los poderes públicos catalanes y desde "los movimientos populares" auspiciados por los mismos que "iba encaminada a crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y poderes del Estado que justifiquen la desobediencia hacia sus órdenes y permitiera movilizaciones para respaldar los fines independentistas". Si no acude, será detenido A criterio del fiscal, los hechos descritos constituyen un delito de rebelión, que está castigado para sus organizadores con hasta 25 años de cárcel. En caso de no apreciarse los elementos que componen la rebelión -se ha discutido la existencia de "violencia" que exige el Código Penal-, se solicita la calificación alternativa de un delito de sedición. Además, también considera producida la malversación. Como medidas cautelares para Puigdemont y el resto de exmiembros del Govern, Maza plantea que sean citados como investigados de forma "urgente" y, en caso de incomparecencia, se reclama su "inmediata detención". Asimismo, incluye la petición de una fianza de 6,2 millones de euros para el conjunto de miembros del Ejecutivo para asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades. Una cantidad que deberán abonar de forma solidaria. Medidas cautelares que también son demandas para Forcadell y el resto de querellados del Parlament. Finalmente, el fiscal también solicita que se acumulen a estas dos causas los procedimientos que ya se están tramitando en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra los miembros del Govern y de la Mesa de la Cámara catalana por algunos de los hechos incluidos en las querellas, como la tramitación de las leyes de desconexión en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional.