La denuncia incluirá a su 'Govern' y la Mesa del 'Parlament', y podría extenderse a los diputados que votaron a favorLa declaración unilateral de independencia ensombrece aún más el ya oscuro futuro judicial de los impulsores del procés. A los procedimientos que ya avanzan en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se suma la querella que ayer anunció la Fiscalía que presentará el lunes por un delito de rebelión contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el resto del Govern y los miembros de la Mesa del Parlament que facilitaron la tramitación de la proclamación. Asimismo, el Ministerio Público baraja extender su denuncia contra los diputados que votaron a favor de la misma, a pesar de que la votación se produjo de manera secreta, precisamente para tratar de diluir cualquier responsabilidad de tipo penal. El delito de rebelión castiga el alzamiento público y violento realizado con el objetivo de declarar la independencia de una parte del territorio nacional, y está castigado para quien la lidere con hasta 25 años de prisión, o llegar a 30 años si se produce un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, hay violencia grave o se causan estragos en bienes públicos o infraestructuras. Ante la posibilidad de que no se admita la rebelión -dado que el tipo penal exige que haya violencia-, la Fiscalía estudia incluir otras calificaciones de la actuación producida, como la sedición, la desobediencia o la prevaricación. A pesar de que tanto el presidente de la Generalitat, el resto de miembros del Govern y los diputados del Parlament ostentan la condición de aforados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, desde el Ministerio Fiscal explican que dado que algunos de los hechos investigados se han producido fuera del territorio catalán, existe la opción de que la querella se presente ante el Tribunal Supremo. En el Constitucional La aprobación de la declaración de independencia también está siendo ya estudiada en el Tribunal Constitucional, después de que aceptara el recurso de amparo contra su tramitación presentado por el PSC. El órgano no suspendió el acto, dado que este ya se había producido cuando se reunió la Sala, pero sí dio tres días a la Fiscalía y al resto de partes para que se pronuncien sobre los hechos.