En El final del desconcierto, el expresidente del Cercle d'Economia, Antón Costas, propone "un nuevo contrato social para que España funcione". Preocupado por esta crisis política sin precedentes, el catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona hace un llamamiento a "renovar el contrato político de soberanía compartida que representa el Estado de las Autonomías" para "encajar las legítimas demandas de mayor autogobierno que vienen de Cataluña". En conversación con este periódico defiende, sin embargo, que la herida aún se puede cerrar sin necesidad de reformar la Constitución. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En Cataluña se une el malestar social de la crisis y las políticas que se han aplicado desde 2010 con el malestar político por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de junio de aquel año sobre el nuevo Estatuto catalán de 2006. La mezcla de esas dos dimensiones fue la tormenta perfecta que aprovechó la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para levantar la bandera independentista, coincidiendo con la articulación de las nuevas izquierdas alternativas. En este sentido, en el libro sostengo que el independentismo de la ANC es una expresión ad hoc, específica catalana, del populismo que emerge en 2011 y 2012. Si no hubieran emergido esos populismos, ¿se habría llegado a tensar tanto el conflicto catalán? No. Si se hubiese intentado cerrar aquella herida de 2010 hoy no estaríamos viendo el procés en estos términos, porque se hubiese eliminado uno de sus estímulos, que era el amplio malestar político contra la sentencia del TC. ¿Se entiende la estrategia política del señor Puigdemont? Lo que ha intentado el independentismo a través de esa estrategia unilateral -que sabía que no podía tener éxito- es llamar la atención internacional sobre su demanda, esperando que sirviese de elemento de presión sobre el Gobierno de España. La intensificación del conflicto y su expresión en la calle responde básicamente a esa idea de buscar la complicidad de instituciones internacionales. Por eso utiliza de una manera tan intensa y extensa los incidentes del 1 de octubre, para dar legitimidad a su declaración. ¿Qué pasó en el 'Parlament' el pasado día 10 de octubre? En su discurso, Puigdemont introdujo varios elementos que hasta entonces el independentismo nunca había introducido: la evidencia de fractura de la sociedad catalana, una fuga masiva de empresas, con una intensidad que nadie esperaba, un impacto económico que hasta ese momento se negaba y la falta de apoyo internacional. ¿Un punto y aparte en el 'procés'? En ese momento, el president se encontró de bruces con que la ley de la gravedad también está vigente en Cataluña. El independentismo ha vivido muchos años en una cápsula espacial donde la ley de la gravedad no funcionaba. Ahí se produjo un cierto viraje y ahora intenta ganar tiempo y lograr ese respaldo internacional que no tiene. ¿El 'president' puede recular? Él no puede volver para atrás aceptando que las leyes de desconexión no son válidas, porque sería una traición a los suyos, pero a la vez está intentando ganar tiempo para buscar alguna vía donde el diálogo pueda ser una cierta oferta a sus socios, al menos durante un tiempo. El impacto económico ya se está materializando. ¿Se puede cuantificar en términos de crecimiento? De momento es apresurado. El impacto vendrá vía disminución de inversiones y, especialmente, vía consumo. En Reino Unido se esperaba que después del Brexit la economía entrase en recesión y no ha sido así, porque el efecto esperado sobre las expectativas de consumo de los hogares no se produjo y, al contrario, hubo una especie de optimismo. Hay que ver en Cataluña qué ocurre. El pronóstico más elemental es que la incertidumbre actual llevará probablemente a una cierta inhibición, como hemos visto de manera indirecta en la salida de depósitos de los bancos catalanes, y a una retirada o retraso de inversiones. Si eso se produce, veremos algún efecto dentro de dos o tres trimestres. Pero la fuga masiva de empresas ya es un efecto directo... Sí, hay otro tipo de efectos de los que ya se puede hablar. En los últimos 150 años, Cataluña ha estado presente tanto en la sala de mandos como en la sala de máquinas y la salida masiva de las sedes está descabezando a la economía catalana. Eliminar el elemento estratégico es, a mi juicio, un gran riesgo. ¿Se teme que las compañías trasladen sus plantas de producción? Una fábrica no se desplaza de un trimestre para otro. En todo caso, sería un efecto a largo plazo. No veo la necesidad de sacar plantas de producción, porque Cataluña no será independiente por el hecho de que Puigdemont lo declare, sino en el caso de que el Gobierno español y la Unión Europea lo reconociesen, algo altamente improbable. ¿Cree que volverán? El pronóstico más probable es que no. Para un empresario, no sería un movimiento fácil de explicar a sus accionistas e inversores. La experiencia comparada dice que cuando desplazas una sede, tiende a ser definitivo. Mira el caso de Canadá. ¿Hay que reformar la Constitución? Hay quien dice que sí, manteniendo la solidaridad y sin ningún tipo de privilegios, pero, ¿por qué las concesiones financieras al País Vasco no son vistas como un agravio y, de forma apriorística, se sospecha que cualquier acuerdo con el Govern va a ir en perjuicio del resto de España? La reforma de la Constitución no es necesaria. El cierre de la herida aún se puede hacer por la vía legislativa y no necesariamente mediante un cambio constitucional. En Cataluña tendrán que votar un nuevo texto estatutario y, si implicase algún tipo de reforma constitucional, tendría que hacerse un referéndum en toda España. ¿Falta calidad política en ambas partes para resolver el conflicto por la vía legislativa? ¿Por qué les vamos a pedir una gran calidad a nuestros políticos si previamente no hay un debate público de gran calidad? Los políticos, como seres racionales, responden a las demandas de la sociedad.