La reclamación a Carles Puigdemont de que aclare si el 10-O declaró o no la independencia tiene un alto contenido político y mediático, pero la esencia jurídica del requerimiento se contiene en el segundo apartado, en el que se conmina al president que revoque la proclamación, ordene el cese de cualquier actuación destinada a desarrollar el procés y dé cumplimiento a las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. Es decir, más allá de la intención de Mariano Rajoy de situar a Puigdemont entre la espada de retratarse ante los suyos afirmando que no declaró la independencia y la pared de reconocer una ilegalidad que abriría la puerta a la aplicación del 155, el Gobierno exige a la Generalitat que devuelva la situación al momento inmediatamente anterior a la aprobación de las leyes de desconexión, los pasados días 6 y 7 de septiembre. La desobediencia a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional de la Ley de Transitoriedad y la Ley del Referéndum, días después de su aprobación, marca el punto de partida del recrudecimiento del desafío independentista. De hecho, aún hoy muchos dirigentes separatistas apelan a la vigencia de tales normas para justificar sus acciones. Antes del jueves 19 En consecuencia, para frenar el 155, la Generalitat deberá acreditar que se han paralizado o neutralizado todas las actuaciones desarrolladas o que se fueran a desarrollar en base a dichas normas, así como cualquier otra que infrinja cualquier resolución judicial. Y deberá hacerlo "de forma fehaciente" antes de las 10 de la mañana del jueves 19 de octubre. El texto remitido, además, no solo interpela a Puigdemont, sino que también debe ser comunicado a a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y al resto de miembros de la Mesa de la Cámara, quienes también deberán dar traslado de sus actuaciones para cumplir con el requerimiento. "En caso de no atenderse" el contenido de la resolución, concluye el texto, el Gobierno propondrá al Senado "la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento", por parte de Cataluña, "de sus obligaciones constitucionales y para la protección del interés general".