La formación anticapitalista reclama que la Generalitat retire su operativa con ellasLa decisión de CaixaBank y Sabadell de trasladar la sede social de Cataluña ya ha tenido respuesta por parte de algunos partidos políticos que sustentan el Gobierno de la Generalitat y están abanderando el proceé. El partido anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP) llamó ayer al boicot de estas dos entidades, además de a BBVA, que ostenta una cuota importante de negocio en la comunidad autónoma. Y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, negó no solo que el Sabadell se vaya a ir de la región y que vaya a haber una fuga de empresas como consecuencia del procés y la tensión política vivida en las últimas semanas. La diputada de la CUP Eulalia Reguant se mostró favorable, en una entrevista pública, a que el Govern deje de trabajar con estos bancos y aportó por la creación de un grupo financiero público. Reguant consideró en Diario Nacio que para construir la "nueva república catalana" es preciso que estas entidades no tengan contratos con su Gobierno , un hecho que "ya lo hemos pedido". Según la diputada de la CUP, "las entidades financieras siempre se han puesto al lado del mantenimiento del status quo porque son status quo, pero algunos de éstos habrá que ver si esto se empieza a hacer efectivo, al lado de quién se ponen". La política radical aboga por el control de las finanzas de la Generalitat por parte del Estado catalán, y afirma que esto "implica empezar a trabajar escalonadamente con otros" bancos y reflexionar sobre "cómo construyes el Institut Català de Finances (ICF) para que tenga un papel activo en esto a partir de la semana que viene". CaixaBank y BBVA se adjudicaron a principios de verano el contrato de gestión de tesorería de la Generalitat. Fueron las dos únicas entidades que se presentaron al concurso. CaixaBank se encarga del 67 por ciento de este negocio, mientras que BBVA, del 33 por ciento restante. Tramitan todos los pagos e ingresos de la Tesorería global del Ejecutivo regional y de todos sus departamentos y organismos, salvo la recaudación de ingresos y de la anticipación del pago a proveedores. El contrato está cifrado en 1,5 millones de euros. Ya hace unas semanas se especuló en los medios con supuestas presiones que estaba ejerciendo Oriol Junqueras -de Esquerra Republicana de Cataluña-, sobre CaixaBank y BBVA después de que el Gobierno decidiera que todas las entidades tenían que vigilar y controlar los pagos del Govern para evitar el desvio de fondos para la celebración del referéndum del 1 de octubre. Entonces, según distintos medios, Junqueras planteó retirar sus contratos por estar del lado del Gobierno español. La diputada de la CUP, en la entrevista, también defendió tomar el control de los puertos y los aeropuertos, para que la soberanía fuera efectiva. Esta iniciativa está respaldada por la asociación independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC). El procés y la inestabilidad está provocando un cambio en la sede social de muchas empresas a ciudades fuera de Cataluña, un movimiento que se niega por parte de la Generalitat. El mismo día en que el Sabadell anunciaba su traslado a Alicante, Junquera señaló que "vaticinios de este tipo los oímos desde hace muchos años y aún no han sucedido". La decisión del Sabadell será replicada previsiblemente por CaixaBank y otras grandes compañías. Ya lo ha hecho la farmacética Oryzon.