Alertan de que la regulación europea puede provocar un "desastre mayor"Si desde el Banco de España antiguos y actuales responsables defienden que la crisis financiera fue inevitable, ayer, en la comisión de investigación del Congreso, los inspectores del supervisor aseguraron que existían herramientas suficientes para haberla evitado o, al menos, para que sus efectos hubieran sido mucho menores. El presidente de la asociación de inspectores del Banco de España, Pedro Luis Sánchez, contradijo la versión del supervisor: "No es cierto que no se pudo hacer más por evitar la crisis. La regulación era suficiente para evitar tanto daño". Señaló algunos factores que abonaron la virulencia de la crisis. Así, se refirió a la eliminación en 2004 de las provisiones anticíclicas, la mayor debilidad de los recursos propios por la entrada en vigor de Basilea II, la modificación de la ordenanza de inspección que eliminó de los informes la firma del inspector de cabecera, el deterioro de las condiciones de trabajo de los inspectores, la emisión de preferentes y subordinadas dirigida a minoristas "con el beneplácito de Banco de España y CNMV" y el cambio durante la burbuja inmobiliaria del criterio de aprobación del crédito, que primó las garantías a la capacidad de reembolso. Sánchez afirmó que la constitución de los SIP (unión de entidades más tenue que la fusión) fueron desafortunados y mal concebidos. Lejos de ser un remedio para sus debilidades se sumaron los problemas de cada entidad y se hicieron mayores. El presidente de la asociación dijo "no tener constancia" de que se hubieran realizado los informes de fusión, que analizan más detalladamente las debilidades de cada entidad, y animó a los diputados a solicitarlos al Banco de España. Esta aparente ausencia de informe se repite, dijo, con la fusión de BMN-Bankia. El inspector dijo estar preocupado por la estructura de financiación del banco malo y por no existir suficiente transparencia en la enajenación de los activos. Instó a los grupos parlamentarios a investigar y aseguró que compañeros inspectores dicen que se venden activos por debajo del precio del mercado. La Sareb se apresuró ayer a desmentir estas afirmaciones y negó que hubiera denuncia alguna de los supervisores por la fijación de precios. Por otro lado, Sánchez advirtió que la regulación y supervisión europea no garantiza la estabilidad financiera y puede llevar "a un desastre mayor". Afirmó que se está construyendo un entramado cuya complejidad se quiere confundir con rigor. "Un monstruo regulatorio no es eficaz ni contribuye a tener más claridad de una entidad financiera. A la asociación nos produce una inquietud relevante". También aseguró que en la creación del MUR y el MUS no se tuvo en cuenta las diferencias jurídicas entre países ni es homogénea la cesión de supervisión: "En España se cedió un 90 por ciento", mientras en otros países es mucho menor. Sobre Bankia, defendió la labor de los peritos inspectores y afirmó que el banco salió a bolsa con las "provisiones pintadas", ya que considera imposible que en tres meses hubiera constituido más de 6.900 millones, tal y como defiende el Banco de España. Finalmente, tachó de "grosería técnica" el informe de Deloitte que indicaba un desfase patrimonial negativo del Popular de entre 2.000 millones y 8.000 millones. En la comisión también compareció el ex presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, que repartió las responsabilidades por la crisis al Gobierno del PSOE y del PP por tomar medidas con retraso y empeñarse en acabar con el modelo de cajas, aun cuando algunas de ellas habían resistido con fortaleza los embates de la crisis. Sus críticas también alcanzaron al Banco de España, al que acusó de falta de transparencia y señaló que el control parlamentario sobre la institución era débil.