La Audiencia apunta a que debe ser el Tribunal Europeo quien resuelva las decisiones de la JURLa presidenta del organismo de resolución ve "una suerte" que el Santander comprara el bancoLa Justicia española no frena ni la resolución del Popular ni su venta al Santander. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional desestimó ayer las medidas cautelares solicitadas por más de 6.000 afectados por el rescate del banco que exigían suspender la resolución de la entidad y su posterior venta al Banco Santander por un euro. Los recursos interpuestos pedían una marcha atrás de la ejecución del Popular realizada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob); sin embargo, la Sala de la Audiencia desestimó la petición al considerar que el Frob lo único que hizo fue materializar una decisión que procedía de la Junta Única de Resolución (JUR). Por tanto, según la Audiencia Nacional, corresponde a los tribunales europeos pronunciarse respecto a las medidas tomadas por los organismos de la Comisión. El auto también rechaza la paralización de la venta del banco al Santander, al considerar, del mismo modo, que fue la JUR y no el Frob la institución que analizó los requisitos de la operación. Fue el organismo europeo el encargado de valorar las grandes dificultades por las que pasaba la entidad, corroborar la inexistencia de alternativas del sector privado para impedir la inviabilidad y constatar que la resolución era la mejor opción para evitar que el erario público asumiera costes del rescate. "La paralización pretendida, incluso si se tratara de la misma venta, dejaría sin efecto la decisión de la JUR y mantendría unas circunstancias que los organismos europeos han considerado que hacen inviable la entidad y conllevarían un riesgo para el interés público", determina la Sala. Los magistrados que firman el auto exponen además sus dudas respecto a cómo la suspensión de la venta del Popular al Santander impediría todos los perjuicios que exponen los demandantes, puesto que "dejaría en el aire" muchos aspectos relacionados con la que era la sexta entidad española, como la dirección o administración de la misma. La tercera de las medidas cautelares solicitada por los recurrentes era la inscripción en el Registro Mercantil de una anotación preventiva de demanda, para que los interesados conocieran la existencia de un juicio en relación a Banco Popular. La Sala también ha rechazado esta medida, al considerar que las circunstancias que rodean al banco son de sobra conocidas a través de los medios de comunicación. ` La Justicia concluye así que la paralización de la resolución y venta de la entidad puede generar perjuicios de, si no imposible, muy difícil reparación. De este modo, tras decidir no tomar ninguna medida al respecto, ha considerado no cargar las costas sobre ninguna de las partes. Hasta el momento, la Audiencia Nacional ya ha recibido más de 250 recursos contra la resolución y venta del Popular, que representan a más de 6.000 afectados, entre personas físicas, jurídicas, asociaciones o fundaciones. "Logro" por la venta La presidenta de la JUR, Elke König, aseguró ayer que la resolución de Banco Popular fue un "logro", pero ha reconocido que tuvo "hasta cierto punto mucha suerte" porque hubo un comprador, Banco Santander, con la "voluntad y capacidad" de adquirir su cartera. König defendió en todo caso que la resolución del Popular demostró que el marco de resolución puesto en marcha por el bloque comunitario funciona. Sin embargo, desde España, tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como el presidente del Frob, Jaime Ponce, exigen una mejora en el sistema de resolución y urgen a la creación de un instrumento para inyectar liquidez a los bancos en problemas. Además, König pidió para futuros casos que las resoluciones de entidades bancarias tengan lugar si es necesario durante el fin de semana, como está pensado en la normativa comunitaria, y no durante la noche de un martes a un miércoles, como ocurrió en el caso de Banco Popular. La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Daniele Nouy, ha salido al paso de esta solicitud y no ha podido prometer a König que la del Popular vava a ser la última vez que la JUR tiene que ejecutar una resolución durante la semana. "Cuando los bancos están en un punto en el que no hay otra solución, que no va a ser capaz de pagar sus deudas cuando debe, cuando se tiene que tomar la decisión, desafortunadamente no elegimos el día. Puede ser un viernes, puede ser un lunes. No puedo prometer a Elke que es la última vez que tiene que hacerlo durante la semana", expuso. Secretismo sobre el informe La presidenta de la JUR también aseguró que no es posible publicar el informe de la auditora Deloitte sobre el que el organismo se basó para determinar la resolución del Popular porque, de nuevo, aseguró que contiene información sensible. "El informe de Deloitte trae consigo bastante información que nuestros abogados y asesores consideran sensible también para otros participantes (en el mercado) y por eso dijimos que no vamos a revelar este informe", dijo la economista alemana en una rueda de prensa posterior a la conferencia anual de la JUR. Añadió que la JUR ha analizado con mucho cuidado la obligación de ser transparente y admitió que deberán esperar las decisiones judiciales para saber si los tribunales obligan a sacar a la luz el documento, tal y como han pedido los afectados por la resolución.