La petición de penas para Deloitte dentro del caso Bankia no se ha hecho esperar tan solo doce días después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solicitara al juez, Fernando Andreu, que siente a la auditora en el banquillo de los acusados. La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), acusación popular en el proceso encabezada por el que fue portavoz de UPyD, Andrés Herzog, ha solicitado para la firma una multa diaria de 1.000 euros durante tres años, 1,09 millones en total, y la inhabilitación para ejercer su actividad durante dos años. Fuentes cercanas al caso, dudan de que la segunda petición llegue a materializarse, puesto que ni la Fiscalía ni el propio magistrado vieron culpabilidad de la auditora en el caso. El juez Andreu cerró la instrucción del proceso el pasado mes de mayo dejando fuera del mismo a Deloitte, y cargando directamente contra Francisco Celma, socio de la compañía que firmó las cuentas que acompañaban al folleto informativo de la salida a bolsa de Bankia. Sin embargo, y tras la insistencia de la acusación popular que recurrió hasta en tres ocasiones ésta decisión, la Sala de lo Penal de la Audiencia concluyó que Deloitte y su socio constituyen la misma entidad jurídica, haciéndola responsable por tanto de los Estados financieros de la entidad. Andreu decidió sentar en el banquillo a todos los miembros que conformaban los consejos de administración de Bankia, y su matriz, BFA, en el momento de la salida a bolsa del banco, en mayo de 2011. El juez les acusa de falsedad contable, puesto que las cuentas no reflejaban la situación real de la entidad madrileña. Exime de responsabilidad , sin embargo, al Banco de España y a la CNMV.