E l ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, fue el encargado de anunciar primero que el Gobierno retrasaba unos días la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018. No obstante, ayer confirmó que el Ejecutivo no aprobará tampoco en el Consejo de Ministros de este viernes el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, ante la falta de garantías de conseguir apoyos suficientes para sacarlos adelante. No obstante, Montoro se plantea presentar el proyecto para 2018 más adelante y espera aprobarlo a principios del próximo año. El Gobierno cumplió en julio con la obligación de fijar el techo de gasto, que se situó en 119.834 millones de euros, un 1,3 por ciento superior al de las cuentas de 2017 -que entraron en vigor el pasado 29 de junio- en lo que es su primer aumento desde 2014, con casi 1.500 millones más. Los agentes involucrados en la investigación en España están ansiosos por conocer el tratamiento que se va a hacer de los fondos destinados a I+D. Los Presupuestos del presente año anunciaron una partida de 6.029 millones de euros, un incremento del 4,1 por ciento respecto a las cuentas de 2016, con 5.793 millones de euros que también se había incrementado un 2,2 por ciento sobre al ejercicio de 2015. Sin embargo, desde numerosos estamentos se apuntó a una trampa oculta en las grandes cifras presupuestarias destinadas a esa partida. Según Jorge Barrero, director general de la Fundación Cotec, analizando al detalle las cuentas públicas de 2017, "los presupuestos suponen un recorte en las partidas de gasto público puro, que es lo que de verdad sirve para financiar la ciencia, y se tapa con un aumento del 9,6 por ciento en la partida de créditos que sistemáticamente no se han utilizado", denunció en su día. Barrero señaló la "contradicción de elaborar un presupuesto restrictivo en un momento de supuesto crecimiento económico". Los 6.029 millones presupuestados deben servir, además, para pagar las cuotas que España ha de abonar a los organismos científicos internacionales a los que pertenece, como la Agencia Espacial Europea, el Observatorio Austral Europeo y el Cern, el acelerador europeo de partículas ubicado en Suiza. Al margen de los recortes en subvenciones, los presupuestos vigentes este año tienen como principal novedad en el campo de la I+D+i un presupuesto propio para la Agencia Estatal de Investigación, creada en noviembre de 2015 pero sin financiación hasta ahora. A esa agencia se han destinado 615 millones de euros y deberá tener continuidad en los Presupuestos Generales para 2018 que aprobará el próximo Consejo de Ministros. En línea con las quejas expuestas desde Cotec, los presupuestos en vigor, a pesar de presumir de un aumento de fondos sobre el papel, implican de facto un recorte en organismos. El CSIC, el de mayor presupuesto, cuenta este año con 624 millones, un 0,9 por ciento menos que en 2016; el Instituto de Salud Carlos III, con 270 millones, ve rebajado sus fondos un 0,8 por ciento; el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), con 87 millones de presupuesto recibe un 2,7 menos que en 2016; el Instituto Nacional de Oceanografía, con 60 millones de fondos sufre un descenso del 7 por ciento; el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, 54 millones, un 33 por ciento de reducción; y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y el Instituto Geológico y Minero de España, 24 millones de presupuesto, y un recorte del 4,2 por ciento. Algo mejor parado ha salido el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (Inta) que repite los 137 millones de 2016. Centros tecnológicos La Asociación de Centros Tecnológicos de España (Fedit) considera que los Presupuestos de 2017 retoman la decisión política (abandonada en los últimos años) de "compensar con préstamos el descenso en los capítulos no financieros del presupuesto y así poder presentar, en la información general de los Presupuestos, una subida conjunta en los fondos destinados a I+D+i". Fedit valora como muy positivo el anuncio de que la I+D+i civil crece un 4,1 por ciento, al expresar la preocupación del Gobierno en presentar esta partida como una de las que deben recuperar recursos perdidos durante la crisis. Pero, analizando solo los capítulos no financieros del presupuesto, "vemos que experimenta un descenso de casi 66 millones de euros, (7,5 millones€ en subvenciones y 58 millones menos en capítulos uno a seis), lo que supone un descenso real de un 2,6 por ciento. Este descenso en las partidas no financieras se compensa con 301 millones más en préstamos (un 9,2 por ciento más sobre 2016", declaran los centros tecnológicos. Por tanto, 2017 en opinión de los expertos no ha supuesto la inflexión que pretende esgrimir el Gobierno en la política de investigación, sino un nuevo recorte que cae sobre mojado. El reciente informe Cotec 2017, presentado a finales de julio en el nuevo estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid, alertaba de que la capacidad tecnológica y capital humano, son parte del conjunto de activos intangibles críticos para maximizar el potencial de crecimiento de las economías basadas en el conocimiento. Al respecto remarca que "España está a la cola de Europa en esfuerzo de inversión en estos activos". Un tercio de lo presupuestado Según fuentes de la Intervención General del Estado, en 2015 se ejecutó la mitad de lo presupuestado para Investigación y Desarrollo e, incluso el Ministerio de Economía, desveló que no llegó a un tercio. Por tanto, a los recortes presupuestarios se suma una segunda vuelta de tuerca, mucho más cuantiosa, al no gastarse la totalidad de los fondos públicos destinados a investigación. El informe de Cotec matiza que "el aumento de los fondos captados por España en programas de I+D europeos no compensa en absoluto esta dramática reducción de los recursos disponibles. En este sentido, el informe considera que "la mejora en los retornos del Programa Horizonte 2020 es un éxito de gestión, pero también es el reflejo de un sistema incapaz de movilizar suficientes fondos nacionales y autonómicos para sus investigadores e innovadores. Resulta evidente que el diseño de las políticas públicas y de sus instrumentos no ha logrado orientar la actividad empresarial hacia proyectos de innovación. Proyectos de más riesgo, pero también de mayor impacto en términos de competitividad y crecimiento". El informe de Cotec -una llamada de cara a los Presupuestos del próximo 2018- también considera que el esquema de incentivos fiscales a la I+D+i, uno de los más ventajosos de la UE, "no ofrece facilidad ni garantías de aplicación suficientes para inducir el comportamiento innovador, especialmente en las pymes. Y tampoco la compra pública de innovación ha alcanzado una aplicación suficiente entre las administraciones públicas". En la Fundación Cotec reconocen que no es un diagnóstico nuevo, lo que implica que estamos ante un "problema crónico y complejo". Un problema que nadie parece saber solventar y que no deja en buen lugar ni a las políticas públicas ni a las estrategias empresariales. Si la tendencia no cambia de forma urgente, no parece que España pueda desempeñar un papel protagonista en un escenario de profundos cambios, inducidos por retos sociales y propiciados por avances tecnológicos, que prometen trasformar la sociedad que hoy conocemos. La digitalización de todos los sectores, la economía colaborativa, el emprendimiento social o la transición hacia una economía circular son algunos de esos cambios que ofrecen oportunidades para consolidar el crecimiento económico, pero a la vez exigen desarrollar un conjunto de capacidades hacia las que España debería orientar su esfuerzo", concluye la Fundación Cotec. Otro informe reciente, esta vez de la Fundación BBVA, apunta que si bien el descenso en I+D ha sido generalizado en todas las comunidades autónomas, el aspecto positivo es que ha sido menos intenso en las más rezagadas, lo que ha permitido reducir las diferencias entre regiones. No obstante, las desigualdades en esfuerzo inversor en I+D son, en 2015, casi un 40 por ciento superiores a las del año 2000. En el ámbito autonómico, la crisis también ha provocado un descenso del esfuerzo inversor, ya que con una sola excepción (Murcia), en todas ha caído la ratio I+D/PIB en ese periodo. Es de destacar la caída del 27 por ciento que ha tenido lugar en Cantabria, donde este ratio ha pasado del 1,16 por ciento al 0,85 por ciento, y Asturias. con una descenso del un 26 por ciento, del 0,99 por ciento al 0,73 por ciento de su PIB. En las comunidades en las que más aumentó el esfuerzo inversor en el periodo de expansión es donde más ha caído en el periodo posterior de crisis.