La Generalitat cesa al número dos de Junqueras para evitar que pague multasLas movilizaciones que durante dos días, concretamente el 20 y el 21 de septiembre, han presionado las actuaciones de la Guardia Civil y la actuación de la Justicia podrían conllevar un delito de sedición, de acuerdo con la Fiscalía. En la denuncia presentada ayer ante la Audiencia Nacional, el fiscal recoge hechos como que "una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales". Para la Fiscalía, este tipo de hechos, de "rebelión en pequeño" son susceptibles de generar un delito de sedición. Aunque el fiscal no realiza ninguna denuncia directamente, sí cita en su escrito a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por sus actuaciones durante las dos jornadas de manifestaciones y movilizaciones. "A las 00:13 horas el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, pidió que la movilización no se detuviera. Subido a un coche de la Guardia Civil con Jordi Sánchez llamaron a la "movilización permanente" desde este jueves a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo", describe la Fiscalía, que asimismo recoge que después pidieron la disolución, pero que no fue efectiva. En paralelo, solicita al juez que tenga en cuenta que el código penal también castiga "la provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de sedición extendiendo así la intervención penal a los actos preparatorios", y que abra diligencias judiciales. Asimismo, solicita a la Guardia Civil que elabore un atestado en el que recoja todas las actuaciones que se llevaron a cabo para impedir la actuación de la Justicia. Además, en su escrito, el fiscal recoge también ataques a sedes de partidos políticos, como el PSC. Desde que se produjeran las investigaciones de la Guardia Civil el pasado miércoles, tanto Carles Puigdemont, como las entidades soberanistas, han llamado a la movilización ciudadana para reclamar el 1-0 y protestar por las detenciones de una decena de altos cargos de la Generalitat, lo que evidencia que se han podido utilizar las instituciones catalanas para impulsar no sólo el referéndum ilegal, sino también las hipotéticas futuras estructuras de Estado. El propio Govern decidió ayer cesar a uno de los detenidos y mano derecha de Junqueras, Josep Maria Jové, que había sido multado con 12.000 euros diarios por el Tribunal Constitucional por su implicación en la organización del referéndum. La sanción comenzaba a aplicarse el mismo viernes a las 10 de la mañana.