Las demandas ante la Audiencia ya duplican a las presentadas en la UELos recursos presentados contra la resolución del Banco Popular en España, concretamente ante la Audiencia Nacional, ya sobrepasan en número, y muy de largo, a los interpuestos por accionistas y bonistas ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE). Los Juzgados Centrales de Instrucción han recibido hasta el momento más de un centenar de acciones legales contra la decisión adoptada el pasado 7 de junio por la Junta Única de Resolución (JUR) europea sobre el banco antes presidido por Emilio Saracho y su posterior venta al Santander por un euro. De este modo, los recursos presentados ante la Audiencia ya duplican a los 51 que llegaron al tribunal de Luxemburgo hasta el pasado 17 de agosto, fecha límite para presentar acciones contra la resolución de la entidad ante el TGUE. Sin embargo, en el caso de España el número de recursos ante la Audiencia seguirá creciendo puesto que el fin del plazo para interponerlos acaba el próximo 30 de septiembre, según fuentes jurídicas. Además de las demandas que lleguen por la vía penal y civil. Pimco encabeza a los bonistas Entre los últimos afectados que han interpuesto acciones en España, destacan cinco grandes fondos de inversión tenedores de bonos del Popular por un valor conjunto de 850 millones de euros. El grupo lo forman Pimco, Anchorage Capital, Algebris, Ronit Capital y Cairn Capital. En esta ocasión, y a diferencia del recurso que este grupo representado por el despacho londinense Quinn Emanuel interpuso el pasado 17 de agosto contra el JUR ante el TGUE, Pimco sí se integra dentro de las acciones. Estos bonistas actúan directamente contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) por su papel en la resolución de la que entonces era la sexta entidad más grande del país. El recurso forma parte de una estrategia legal más amplia que persigue, de una parte, obtener la máxima claridad respecto al proceso de resolución y, de otra, restituir las pérdidas económicas. Fuentes cercanas a estos fondos aclaran que el primer paso dado en España exige al Frob la mayor información posible de lo que ocurrió entre el día 6 y 7 de junio, para, a raíz de ésta, interponer más adelante, las correspondientes acciones. Además de los tenedores de deuda, también han acudido a la Audiencia asociaciones de consumidores que engloban a pequeños afectados, fundaciones, empresas y personas físicas, según informan fuentes jurídicas. Entre los grandes accionistas que más se apresuraron en tomar medidas legales contra la resolución del Popular está la familia chilena Luksic, dueña del 3,45 por ciento del banco tras invertir 113 millones de euros, y representada por el despacho Roca Junyent. Los Luksic actuaron el pasado 21 de junio contra el Frob por atender la decisión de la JUR y amortizar a cero las acciones de la entidad. Del mismo modo, el magnate mexicano Antonio del Valle, que perdió 550 millones de euros con la resolución del Popular, también anunció que actuaría en España contra el Frob, y en Europa contra el Banco Central Europeo y la JUR.