Explica que no hay antecedentes ni se puede calcular la implicación económicaEl Santander considera que por el momento no es posible anticipar el impacto económico de las acciones legales que surjan a raíz de la resolución de Banco Popular y su posterior adquisición al precio simbólico de un euro, según consta en las cuentas anuales resumidas de la entidad. A 30 de junio, el banco asegura que ha estimado de forma "fiable" el impacto de los procesos judiciales abiertos contra la entidad en el curso normal de sus negocios. Además, indica que ha reconocido, cuando así se requiere, "provisiones adecuadas" que cubren "razonablemente" los pasivos que podrían derivar de estos procedimientos. Por ello, entiende que las responsabilidades que podrían surgir a raíz de los procesos fiscales o legales en marcha "no tendrán un efecto significativo adverso" sobre su negocio, situación financiera o resultados. No obstante, el Santander advierte de que la resolución de Popular "no tiene precedentes en España ni en ningún otro Estado miembro", por lo que incide en que no se puede descartar que se presenten recursos contra la resolución, efectuada por la Junta Única de Resolución (JUR) y el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (Frob), o reclamaciones frente a Popular, Santander u otras entidades del grupo por su adquisición. "Desde la adquisición de Popular por Santander, diversos inversores, asesores u operadores financieros han anunciado su intención de analizar y, en su caso, han confirmado la interposición de reclamaciones de diversa índole en relación con la referida adquisición", apunta Santander. El banco subraya que "no es posible anticipar las pretensiones concretas que se harían valer, ni sus implicaciones económicas". En particular, el Santander contempla que las eventuales reclamaciones no cuantifiquen sus pretensiones, aleguen interpretaciones jurídicas nuevas o involucren a un "elevadísimo" número de partes. Entre estas acciones legales se encuentra la de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) que interpondrá este viernes, a través del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) para impugnar la resolución del Popular por el JUR. Con su recurso, Aemec pretende conseguir una "adecuada compensación económica por las acciones de Banco Popular, cuyo valor ascendía, según la asociación, a 1,85 euros en el momento de la resolución,un valor que los accionistas, aseguran, podían haber recibido en un proceso ordenado de liquidación. El valor que otorga Aemec a las acciones de Popular se extrae de las últimas cuentas anuales auditadas disponibles de la entidad. El último cambio del Popular en bolsa, antes de la resolución, fue de 0,317 euros por acción.