A hora que el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado de 2018 -tras el visto bueno conseguido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por el apoyo de las comunidades regidas por el PP más la canaria y la abstención de la socialista de Extremadura-, el Gobierno debe diseñar la política económica que ha de regir el próximo año. De momento el techo de gasto ha aumentado un 1,3 por ciento. Sin embargo, está por ver el reparto por capítulos y partidas, entre ellas la dedicada a I+D+i, y si se produce una continuidad en la línea marcada en los Presupuestos del presente año, aprobados recientemente. En lo que atañe a los fondos destinados a Investigación y Desarrollo, Ametic -Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales, hipersector que concentra un 30 por ciento de la inversión privada en I+D+i-, ya alertó el pasado mayo de un retroceso en España en la política de I+D+i tras la presentación de los presupuestos de 2017: "Atendiendo a las cifras de la Política de Gasto 46 de Investigación, Desarrollo e Innovación, el presupuesto total ha aumentado 71,4 millones de euros, de 6.429,6 millones en 2016 a los 6.501 millones de 2017, lo que supone una variación del 1,11 por ciento". Ametic criticó que dicho incremento estaba lejos del crecimiento del 4,1 por ciento que el Gobierno anunció oficialmente unas semanas antes de conocerse el borrador de Presupuestos. Por otro lado, la patronal tecnológica denunció que el incremento del 1,11 por ciento se situaba por debajo del crecimiento esperado del PIB (2,5 por ciento) o la tasa de inflación que maneja el Gobierno para 2017 (1,5 por ciento), lo que se traducía en que los Presupuestos de 2017 "suponen un retroceso de la I+D+i con respecto a 2016 y una falta de apuesta por la innovación en unos presupuestos expansivos. El escenario actual de recuperación económica es una oportunidad que no se debería perder para apoyar la I+D+i de forma más decidida", declaran fuentes de Ametic. Ángel San Segundo, investigador de la escuela de negocio EAE y uno de los autores del informe La inversión en I+D+i 2017, apunta la fuerte disparidad de España con otros socios de la UE en ratios como inversión en I+D+i por habitante o por PIB. "Para estar en la media comunitaria habría que elevar las inversiones en un 40 por ciento, lo que exigiría un incremento importante de la iniciativa privada". Una parte de razón Ametic, no obstante, reconoce que existe una parte de razón en la promesa del 4,1 por ciento del Gobierno en los presupuestos de 2017. Así, la partida de gasto en I+D+i civil, que supone aproximadamente 9 de cada 10 euros del total del gasto en I+D+i, cumple con el 4,1 por ciento al pasar de los 5.793 millones de 2016 a los 6.029 millones. Sin embargo, la partida no civil sufre un retroceso este año de 164 millones de euros, un 2,83 por ciento, lo que explica que en total el incremento se reduzca al 1,1 por ciento. Pero Ametic no solo muestra preocupación por la escasez de fondos, sino muy especialmente por la deriva que se ha marcado en los Presupuestos de 2017. La partida de I+D+i civil se desglosa en dos partes, una dedicada a subvención y otra a préstamo, de 2.446 millones y 3.583 millones respectivamente. La partida de subvención se ha visto reducida un 2,6 por ciento respecto a 2016 y el préstamo incrementado un 9,2 por ciento. "Precisamente las ayudas en forma de subvención son las mejor valoradas por las empresas, mientras que los instrumentos de ayudas a la I+D+i en forma de préstamo por lo general no son lo suficientemente atractivos, tienen dificultades para atraer proyectos y presentan un porcentaje de ejecución presupuestaria preocupantemente bajo", declaran en Ametic. Este cambio cada vez más acusado hacia el préstamo resulta alarmante en opinión de la patronal tecnológica, ya que complica el diseño de unos instrumentos de ayudas públicas a la I+D+i que "realmente sean capaces de canalizar y potenciar el conocimiento, la capacidad y la voluntad de innovar de la industria española". Por último, Ametic muestra su disgusto por la evolución del presupuesto de beneficios fiscales para este 2017: "Tampoco traen buenas noticias: el concepto de deducciones por actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, valorado también de forma muy positiva para las empresas y que se ha convertido en un complemento casi imprescindible para abordar proyectos, se recorta a la mitad -un 49,8 por ciento- con respecto a 2016", según el análisis de la partida Política de Gasto 46. A modo de conclusión, Ametic considera que "la falta de apuesta por la innovación y la insistencia en privilegiar el préstamo a costa de las subvenciones a la I+D+i no permiten valorar positivamente los presupuestos de 2017 que reflejan que, en un momento de recuperación, y a diferencia de los países más avanzados, la innovación no se sitúa entre las prioridades para afirmar la competitividad del país y la continuidad del crecimiento". Motor de la Administración Con datos de 2015, pues los del año pasado no se conocerán hasta otoño, el informe de EAE señala que la intensidad de la inversión en I+D+i en la UE apenas ha sufrido variaciones en los últimos cinco años, situándose en el entorno del 2 por ciento. En España, por el contrario, el indicador no es estable ya que ha sufrido un progresivo deterioro y alcanza el valor de 1,22 por ciento en 2015, es decir, un 39 por ciento por debajo de la referencia de la media comunitaria. Los países con cifras más elevadas de inversión por habitante están en el centro y norte de Europa, destacando por este orden Suecia, Dinamarca, Austria, Luxemburgo, Finlandia y Alemania al superar los 1.000 euros por habitante. Las menores cifras de inversión están en países como Rumania, Bulgaria, Letonia y Croacia, mayoritariamente meridionales, todos ellos por debajo de los 100. En España se sitúa en 283€euros por habitante. San Segundo, uno de los autores del informe de EAE, resalta como uno de los hechos diferenciales más preocupante de España la menor participación de la empresa en la inversión en I+D+i. Una diferencia que se explica en la estructura empresarial española, con muchas pymes y con una fuerte presencia de multinacionales en el estrato de la gran empresa, cuyas decisiones en investigación están condicionadas por sus matrices. "No se puede, pues, esperar mucho del sector empresarial, por lo que va a ser difícil que se convierta en el motor de la investigación por sí solo". Para lo cual, San Segundo apela al papel promotor de la Administración Pública, que debe jugar un rol más allá de la mera aportación de fondos. El informe de EAE resalta que la inversión de la empresa privada en I+D+i en la UE se sitúa en el 64 por ciento y es Estonia quien lidera el grupo de los países con inversores privados más activos, seguidos de los inversores finlandeses e ingleses. España ostenta el puesto 18 de la UE con un 52 por ciento de peso del sector privado en las inversión e I+D+i. El informe de EAE considera que en España la menor contribución de la empresa privada debe ser compensada con el esfuerzo tanto del sector público como de la enseñanza superior. En opinión del investigador de la escuela de negocios, la política en I+D+i no se limita a la aportación de fondos. "Si me apura, poner el dinero es lo menos importante", declara San Segundo que, no obstante, matiza rápidamente que deben aumentarse los fondos públicos para I+D+i. Por otro lado, tampoco es un problema del diseño de la política, sino de su ejecución y apostar por ella de una forma decidida. "Sabemos lo que hay que hacer", remarca San Segundo, que considera que la cuestión es multiplicar lo que se hace actualmente por diez. Alianzas, consorcios... Uno de los escalones previos, en opinión del investigador, es romper algunas barreras, fomentando la colaboración pública privada, dar continuidad y estabilidad a los incentivos fiscales -coincidiendo con las demandas de Ametic y otras patronales de sectores con un alto componente de innovación e investigación-, pero sobre todo en su opinión la Administración debería romper antiguos prejuicios como que la mejor política industrial es la que no existe. "Además de decir que la digitalización o la Industria 4.0 son magníficas, la Administración Pública debería determinar sectores punteros a los que apoyar, revitalizar clúster y fomentar alianzas entre pymes, pymes con empresas mayores y en general de la Universidad y otros centros investigadores con el tejido empresarial", dice.