CEOE ve dificil el acuerdo si se exige mantener el empleo durante seis mesesEl Gobierno pone agosto como fecha tope para que los futuros Ertes dejen de estar bonificados con la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social, según aparece en el documento que entregó el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales y sobre el que se está basando la negociación de los últimos días. Ayer por la tarde hubo una reunión de la Mesa de Diálogo, pero al cierre de esta edición no había terminado. Fuentes de la CEOE declararon en un comunicado que los planteamientos que están encima de la mesa "no cumple los objetivos de necesario apoyo a las empresas", especialmente los ligados al mantenimiento del empleo durante seis meses.La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere presentar al Gobierno un pacto con empresarios y sindicatos. Sin embargo, los agentes sociales, y muy especialmente los empresarios, demandan una mayor flexibilidad y duración de los Erte. Concretamente, el tiempo preciso para que los trabajadores se vayan incorporando paulatinamente y de forma parcial a sus empresas, según se vaya aumentando la actividad.En cualquier caso, lo que sí tiene fecha de caducidad para el Gobierno es la exoneración para las empresas del pago de las cuotas a la Seguridad. Además, en los tres próximos meses esa exoneración se irá reduciendo. El documento establece tres fases: una que finaliza en junio, la otra "durante julio" y la tercero "durante agosto". En cada una de las fases se aplicará un porcentaje de exoneración, que el Gobierno no ha definido en el documento, a expensas de la negociación con los agentes sociales. Porcentaje que será más favorable para las empresas de menos de 50 trabajadores. En definitiva, el Ejecutivo ya ha aclarado a los agentes sociales que la negociación de los Ertes que seguirán activos está condicionada al coste que suponga y a las ayudas que reciba de Bruselas.El Gobierno quiere prorrogar los Ertes de fuerza mayor durante las fases del desconfinamiento. Luego, las empresas deberán negociar con sus trabajadores un nuevo Erte, pero ya por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Salvando, eso sí, algunos sectores de recuperación más compleja que se determinarán más adelante.Los empresarios ven inaceptable la obligación de que las empresas acogidas a un Erte no puedan despedir en un plazo de seis meses (salvo despidos procedentes o fin de contrato temporal). Si lo hacen, como sanción devolverán las cuotas y las prestaciones recibidas por sus empleados.Otro punto de fricción, con los empresarios es la transformación de los actuales Ertes de fuerza mayor en otros de causa objetiva debería ser automática, sin tener que volver a ser tramitado y negociado con los trabajadores. El Gobierno garantiza que el paso de uno a otro no supondrá una ruptura en el cobro de las prestaciones, pues los nuevos Ertes tendrían carácter retroactivo y su validez contará desde el final del anterior.