La presión de Podemos contra el acuerdo firmado entre Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes para suministrar 11.500 menús escolares a la Comunidad de Madrid puede poner en peligro la distribución de comidas a las familias más vulnerables. El líder del partido morado, Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha pedido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que demuestre si estos menús son equilibrados y que "valore" una alternativa más adecuada para poder recibir ayudas después de que el Ejecutivo regional haya solicitado la financiación del proyecto de alimentación para beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI).Con el objetivo de evitar una politización de esta iniciativa solidaria -las empresas distribuyen a precio de coste sin ningún tipo de margen- Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes han solicitado ya a Díaz Ayuso su deseo de finalizar el acuerdo, una vez superada la situación de emergencia, para que se busquen otras salidas. Fuentes próximas a la administración regional han confirmado, en este sentido, que una de las alternativas que se está negociando es la de que los menús los suministre a partir de ahora el grupo Delina's.Un servicio deficitarioEl problema de fondo es que las empresas tan solo cobraban 5 euros por cada menú, lo que no incluía ningún tipo de coste más allá del de la materia prima para su elaboración. De hecho, Telepizza ha manifestado ya que en ningún caso aceptó la colaboración por motivos económicos, puesto que el servicio es deficitario. De acuerdo con las cifras que ha aportado el Ministerio, del fondo de 25 millones de euros que la Vicepresidencia Social destinó a las comunidades autónomas para financiar las comidas de los menores desfavorecidos durante la cuarentena, a Madrid le correspondieron 2,45 millones de euros. Y de esa cantidad, la Consejería de Educación madrileña ha presentado una factura de algo más de un millón euros dedicado al pago de las comidas diarias que preparan Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes, mientras que el resto ha sido derivado a los ayuntamientos de la región para el pago de cheques de comida o servicios de catering. Iglesias ha advertido a Ayuso de que "entendemos que esta opción (que ya no es puntual para un caso de emergencia, sino que es prolongada durante semanas o meses) no resulta la más adecuada desde el punto de vista nutricional y de garantía del derecho a la alimentación y a la salud de los menores y más tratándose de familias vulnerables con dificultades especiales para adquirir alimentos frescos, carne, pescado, fruta, y que en un periodo como el que estamos atravesando tenemos que cuidar especialmente". El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha llegado incluso a ir más allá en numerosas ocasiones, arremetiendo contra distintas empresas de alimentación, a las que acusa de elaborar comida basura, lo que ha provocado las críticas no solo desde la propia industria, sino también de numerosos nutricionistas. "La comida basura no existe. Si es basura no debería estar en el mercado", ha asegurado en reiteradas ocasiones Fiab, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas. En la mima línea, médicos como el doctor Antonio Escribano, catedrático de Nutrición Deportiva y experto en endocrinología y nutrición, y asesor de clubes y deportistas de elite, asegura por ejemplo que "la pizza es un alimento milenario que entra dentro perfectamente de una alimentación saludable".Plátano de CanariasDesde Podemos se ha criticado también en los últimos días a Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes por rechazar una oferta, supuestamente, de Plátano de Canarias para la incorporación dicha fruta a sus menús. La oferta no fue, sin embargo, a las empresas, sino al Gobierno regional. Aún así, Telepizza puso a disposición de Plátano de Canarias los 98 locales que tiene en la Comunidad de Madrid para que hiciese llegar el producto y poder incorporarlo a los menús para los escolares. En este caso, el problema estuvo en que la denominación insular canaria planteó a la Comunidad de Madrid que la única opción posible era que se fuese a recoger el producto a Mercamadrid, algo que por motivos de operativa y recursos no era posible para las empresas que reparten los menús, que hubieran tenido que asumir además un coste adicional, haciendo que el servicio fuera aún más deficitario.