La prórroga del estado de alarma y, por tanto, los planes de desescalada del Gobierno están en el aire como consecuencia de la falta de comunicación de Pedro Sánchez con sus líderes respectivos y la falta de soluciones al descalabro económico de sectores como el de la hostelería o el turismo. Además, los nacionalistas quieren acabar con el mando único creado al inicio de la crisis al considerar que se trata de un proceso de recentralización de competencias. Se trata de la fase de transición en que se irán levantando de forma gradual las medidas de confinamiento.El Gobierno ha logrado hasta ahora sacar adelante las tres prórrogas anteriores con una amplia mayoría de 270 votos a favor (PSOE, Podemos, PP, Ciudadanos, PNV y los minúsculos partidos regionales), 25 abstenciones del bloque soberanista (ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu y BNG) y 54 en contra (Vox y Cup). En Génova, ayer se dejaba entrever que, finalmente, el PP acabará apoyando la prórroga por las gravísimas consecuencias económicas y sociales que tendría una negativa a estas alturas, pero eso no eximirá al Gobierno de recibir un escarnio político en el Congreso. No obstante, Casado no quiere precipitarse y no tomará una desisión definitiva hasta la semana que viene. Existe mucho malestar en su partido, en desacuerdo con la forma en que se está gestinando la crisis en todos los órdenes.Intereses contrapuestosAyer, durante la comparecencia semanal del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso, partidos independentistas y nacionalistas han cuestionado el mantenimiento del estado de alarma que prevé el Gobierno. Estos grupos han criticado la decisión del Ejecutivo de fijar la provincia como la unidad territorial tomada en principio como referencia para la aplicación de las medidas de relajación.Amenazan y pondrían en una situación de moción de censura a Sánchez, de no secundar la prórroga, los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez. El PNV, con unas elecciones encima, se ve en la tesitura de sacar músculo y exigir gestos al Ejecutivo. Los informes jurídico y sanitarios aportados por el lehendakari, Iñigo Urkullu, a los principales partidos políticos vascos avalan la posibilidad de celebrar las elecciones autonómicas en verano, al constatar que la mayoría de los expertos sanitarios considera que la incidencia del coronavirus será más baja en ese periodo. Así, ha pedido un diálogo bilateral con las instituciones vascas para ejecutar el proceso de desescalada. Esquerra Republicana (ERC) coincidió ayer en el análisis con el PNV. "No tiene sentido ya el estado de alarma como tampoco lo tiene el criterio provincial", defendió ayer el diputado Gabriel Rufián. Además, ERC y EH Bildu han lanzado sus amenazas de no apoyar la prórroga, al mostrarse partidarios de parar toda actividad empresarial, industrial y de servicios que no sea esencial mientras dure el estado de alarma, rechazando de esta manera el plan de desescalada. En el caso de EH Bildu, Jon Iñarritu consideró ayer que "la centralización no ha sido positiva ni en la escalada ni en la desescalada".