El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha puesto la lupa sobre los cientos de miles de expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) a los que se han visto forzadas las empresas por la crisis del coronavirus Covid-19. Trabajo vigila ya que las compañías cumplan las condiciones exigidas para acceder al mecanismo y endurece las sanciones para los Ertes fraudulentos.El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que es una infracción muy grave "efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones".Además, también considera muy grave la "connivencia con los trabajadores o con las demás personas beneficiarias para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones".Las sanciones muy graves suponen multas de hasta 187.515 euros. En su grado mínimo, varían de 6.251 a 25.000 euros. En su grado medio, se imponen de 25.001 a 100.005 euros. En su grado máximo de 100.006 euros hasta alcanzar el máximo de los 187.515 euros, según establece la normativa.La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reforzará el papel de la Inspección. Díaz asegura que el Ministerio revisará la documentación aportada por las empresas para evitar posibles fraudes y verificar que, efectivamente, sean por "fuerza mayor".Además, desde el gabinete de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconocen que la Inspección vigilará el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias con revisiones en las empresas que retoman su actividad estos días.ATA pide prolongar ayudasPor su parte, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, pidió ayer al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que prolongue la prestación extraordinaria por cese de actividad para aquellos sectores que tarden más en recuperarse tras el estado de alarma.El presidente de ATA valoró la reunión con Escrivá como "muy productiva" y aseguró que el tono fue "bastante constructivo". Amor señaló que el ministro va a trasladar la necesidad de impulsar una mesa de diálogo social de carácter técnico, en la que se impliquen varios ministerios y se traten temas que afectan a los autónomos en el ámbito laboral, económico, de la Seguridad Social o relativos a Hacienda.El presidente de ATA trasladó a Escrivá su petición de que se prolongue la prestación extraordinaria por cese de actividad, que tiene una duración de un mes, para los sectores que prevén tardar más en recuperarse de la crisis sanitaria y económica. También pidió que se rebaje del 70% al 40% el nivel de pérdidas asociadas al Covid que se deba acreditar para acceder a dicha prestación.