Se completa la integración de las Clases Pasivas en la Seguridad SocialLa letra pequeña del Real Decreto-Ley aprobado el martes por el Gobierno y publicado por el BOE ayer no arroja grandes novedades a lo anunciado tras el Consejo de Ministros. Entre las medidas más interesantes, que pasaron más desapercibidas el martes, se puede apuntar la ampliación hasta el 30 de mayo de los plazos de pago en el ámbito tributario de los vencimientos de aplazamientos o pagos fraccionados contraídas anteriormente que el Gobierno fijó en un Real Decreto-ley anterior (8/2020) el 30 de abril, para ciertos casos, y el 20 de mayo para otros. Todos ellos tienen nueva fecha de aplazamiento hasta final de mayo.Además, la norma establece la posibilidad de "supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de la financiación" mediante los créditos ICO avalados por el Estado. En este sentido, no se aplicará ningún recargo por el retraso en el pago de las deudas tributarias a las empresas que hayan solicitado un préstamo ICO avalado por el Estado relativo al Covid-19. Planes de Pensiones Igualmente, se amplían las contingencias en las que se pueden hacer efectivos los derechos consolidados de los planes de pensiones. Para ello, la norma publicada ayer establece las condiciones y términos en los que se podrán hacer efectivos los derechos consolidados, regulando, entre otras cuestiones, la acreditación de las circunstancias que dan derecho a la disponibilidad de los planes, el plazo al que se vinculan dichas circunstancias y el importe máximo del que disponer.Esta acreditación, en el supuesto de encontrarse el partícipe afectado por un expediente de regulación temporal de empleo (Erte) derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se podrá presentar, alternativamente, mediante el certificado emitido por la entidad gestora de la prestación pública correspondiente de encontrarse el partícipe afectado por un Erte con base en la situación de crisis sanitaria.Aval del EstadoSe fija también una línea de préstamos avalados al 100% por el Estado por valor de 1.200 millones de euros, para dar cobertura a la financiación de arrendatarios de vivienda habitual que se encuentren en situación de vulnerabilidad como consecuencia el impacto social y económico de la pandemia. Unos créditos sin coste para el beneficiario de gastos ni intereses.Pero el RD-Ley no se limita a aprobar medidas relacionadas con la crisis económica del coronavirus. Como ejemplo, aprueba la creación de la Fundación España Deporte Global (más información en la página 14) o la integración de las Clases Pasivas en la Seguridad Social, una medida que se anunció en enero cuando se estableció el reparto competencial de los nuevos ministerios, pero cuyo desarrollo legislativo se ha visto interrumpido por la crisis del coronavirus.El Gobierno ha aprovechado este RD-Ley, para iniciar las modificaciones normativas necesarias para la integración efectiva del Régimen de las Clases Pasivas en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tal y como estaba previsto en el Real Decreto 2/2020 por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.