La Fiscalía General del Estado suma ya un total de 86 diligencias de investigación abiertas a las residencias de ancianos de todo el país por su gestión en la crisis del coronavirus. Según los datos facilitados ayer, Madrid y Cataluña son las dos autonomías con un mayor número de causas, con 40 y 20 respectivamente, lo que supone cerca del 70% de todas las diligencias acordadas desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo. De hecho, el dato conocido ayer es más del doble de las diligencias que había abiertas hasta el pasado 15 de abril (38), según las cifras facilitadas por la Fiscalía el pasado viernes. Se calcula que hasta la fecha han fallecido más de 11.000 mayores ingresados en estos centros geriátricos por contagio del coronavirus. Además de las diligencias penales, las fiscalías autonómicas han enviado a la Fiscalía General 126 informes de seguimiento sobre las actuaciones en residencias de la tercera edad. En este caso, Baleares es la única región que no tiene expedientes abiertos. Estas investigaciones, desarrolladas en el ámbito civil, sirven para la protección de ancianos que precisan especial atención al encontrarse en una situación de vulnerabilidad.Se trata de las primeras actuaciones acordadas después de que la Fiscalía General del Estado pusiera en marcha a finales de marzo un plan para recabar información del total de 5.457 residencias, públicas y privadas que hay en el país. El órgano que dirige Dolores Delgado explicó en ese momento que recopilaba todos estos datos en aras a esclarecer si los hechos acontecidos en algunos de estos centros en el marco de la pandemia del coronavirus serían constitutivos de delito o infracción. En esta línea, los fiscales han dado respuesta también a las solicitudes formuladas por los responsables y trabajadores de los establecimientos, familiares de residentes y otros ciudadanos que han pedido la intervención de este órgano.