El Gobierno pone trabas para recuperar el dinero de servicios no prestadosEl Gobierno recauda por un lado e impide a los ciudadanos recuperar su dinero por otro. El Ministerio de Interior, con Fernando Grande-Marlaska a la cabeza, insiste en sancionar a los ciudadanos que incumplan el estado de alarma tras remitir a las CCAA un listado de las cuantías de las multas para unificar criterios y facilitar su aplicación. Todo ello, a pesar de que en algunas Administraciones ya admiten que serán multas de "difícil cobro", puesto que bordean la legalidad, tal y como expuso la Abogacía del Estado en un informe. Concretamente, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, señaló que las multas por desobediencia requieren una advertencia previa por parte de la autoridad y, sin embargo, en muchos casos se están aplicando cuando los ciudadanos se han visto sorprendidos en un control sin advertencia anterior. Mientras el Gobierno recauda por una vía, por otra deja indefensos a los usuarios y consumidores a la hora de reclamar su dinero durante el estado de alarma por servicios mal prestados o directamente cancelados, así como por compras insatisfechas. Concretamente, el Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón ha ordenado a las CCAA que suspendan todas las reclamaciones que reciban durante el estado de alarma. Precisamente, toma esta decisión en un momento en el que el propio Ministerio reconoce que habrá "un incremento del número de reclamaciones presentadas por los consumidores y usuarios a causa de las incidencias, incumplimientos contractuales o vulneraciones de derechos" por la crisis sanitaria. Consumo impide a los ciudadanos defender sus derechos como consumidores hasta que no termine el confinamiento. Y aún así, una vez acabe, da un plazo a los usuarios de 14 días para imponer la queja y, tras recibirla el empresario, tendrán que esperar otros 60 días más para que usuario y compañía alcancen un pacto. Solo pasado este tiempo y si finalmente es imposible que las partes lleguen a un pacto, las empresas tendrían devolver el dinero a los consumidores. Pero tampoco obligará a que haya devoluciones en caso de desacuerdo. El Ministerio de Consumo es claro en la nota informativa publicada el pasado 13 de abril. El principal objetivo es que empresas y usuarios lleguen a un acuerdo antes que resarcir directamente al usuario. "En una situación tan compleja, se hace necesario instar a los consumidores a intentar alcanzar acuerdos amistosos con los empresarios", detalla la nota. Y reconoce que no habrá sanciones para las compañías que incumplan sus compromisos con los clientes si ha sido por motivos del coronavirus. "Hay que tener especialmente en cuenta el artículo 36 del Decreto-ley 11/2020, que introduce la resolución sin penalización por imposible cumplimiento del contrato, exclusivamente cuando la imposibilidad de cumplirlo sea consecuencia del Covid-19", expone la nota. Favorecerá la indefensiónEs decir, y según explica la asociación de consumidores Facua, aunque la empresa se niegue a devolver al usuario el dinero, la Administración no le abrirá expediente. Según la organización que defiende a los usuarios, la orden del Ministerio de Garzón "favorecerá la indefensión de los consumidores, el aumento de los fraudes por su impunidad y el colapso en las administraciones de consumo cuando acabe la situación". Mientras el Ejecutivo apunta a que no habrá sanciones a las empresas que no devuelvan el dinero a los consumidores por compras defectuosas o abusos, la recaudación de Interior a través de multas aumenta. De momento, la cifra de sanciones en toda España ya supera las 600.000 desde el pasado 14 de marzo y, como ejemplo de su abundancia, solo en la ciudad de Madrid se ponen de media 750 sanciones diarias, según fuentes municipales. A pesar de la alta cuantía que pueden alcanzar las multas (entre 60.001 y 600.000 euros en el caso de conductas que puedan suponer un riesgo "muy grave" para la salud), fuentes jurídicas advierten que el Ejecutivo tendrá dificultades para co-brarlas por su dudosidad legal.