Explica el CGPJ que es claramente previsible que las medidas adoptadas para combatir el Covid-19 van a tener repercusión en materia sancionadora (infracciones de las medidas de contención, entre otras), en materia contractual (la mayor parte de los contratos del sector público han quedado suspendidos, con un régimen específico de indemnización o reequilibrio que puede convertirse en foco de conflicto), en materia expropiatoria (se han producido un número importantísimo de medidas de requisa y adscripción de medios personales de terceros a los que se refiere el artículo 120 de la Ley de Expropiación Forzosa, que generará conflictos en materia de valoración), sobre responsabilidad patrimonial también como consecuencia de las medidas), en materia de personal de las Administraciones Públicas (tanto por razón de las medidas adoptadas como las que posteriormente se adopten para remontar la situación) o en materia tributaria y de ayudas del sector público (por la situación en la que quedarán particulares y empresas), entre otras. Además, la pandemia va a producir un impacto de gran magnitud en el funcionamiento de la jurisdicción social, encargados de resolver los conflictos individuales y colectivos. Sobre esta jurisdicción propone el CGPJ un Plan extraordinario de urgencia nacional para apoyar a los jueces, como consecuencia de los recursos por las medidas adoptadas. Además del efecto sobre la salud, el CGPJ piensa que el Covid-19 requerirá de los tribunales de lo Mercantil un esfuerzo excepcional que facilite la continuidad de mu-chas empresas y de la actividad de los profesionales afectados por la crisis, obtener el máximo rendimiento económico de los activos, salvar el tejido industrial y la conservación de los puestos de trabajo, en la medida de lo posible.La jurisdicción civil será una de las más afectadas. Los órganos judiciales recibirán un importante número de procesos concursales, de procesos que afectarán a la vida de los contratos tras la situación de confinamiento o de pretensiones del ámbito del derecho de familia, con riesgo de colapso judicial.