El Poder Judicial propone que sindicatos y asociaciones puedan presentar procesos contecioso-administrativos multitudinarios El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prevé que se van a presentar "centenares de miles de procedimientos contencioso-administrativos" contra el Gobierno y las Administraciones cuando concluya el estado de alarma. Por ello, la cúpula judicial ha propuesto al Ministerio de Justicia la legitimación de sindicatos y asociaciones para la defensa de derechos e intereses de afectados por la crisis sanitaria del Covid-19, lo que les permitirá presentar demandas multitudinarias contra el Gobierno y las distintas Administraciones. La cúpula judicial justifica esta propuesta en que "la medida permitirá resolver en un único procedimiento lo que de otra manera podrían ser reclamaciones que darían lugar a decenas, centenares o miles de procedimientos".Las plataformas de afectados por el coronavirus, como la que promueve Lex Abogados, especialistas en negligencias médicas, han optado por recurrir por esta vía, descartando la penal, que consideran bastante complicada. Considera el CGPJ en su propuesta al Plan de Choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma que ante la situación excepcional no entienden aventurado prever que en el momento en el que se levante el estado de alarma "se producirá una situación inédita y excepcional en los juzgados y tribunales, ante la que es necesario estar preparados para mitigar, en la medida de lo posible, sus efectos negativos". En materia de recursos por inclumplimiento de contratos públicos, los jueces prevén una cascada de demandas, por lo que proponen imponer la vía previa a través de los órganos administrativos de resolución de recursos especiales en materia de contratación para tratar que el máximo posible de controversias se solucionen en vía administrativa, sin necesidad de llegar al contencioso-administrativo.Junto a la actividad judicial suspendida prevé la cúpula judicial "un incremento de la litigiosidad derivada de la propia emergencia sanitaria, así como del impacto socioeconómico de las medidas adoptadas durante el estado de alarma, como despidos, Ere, Erte, procedimientos de Seguridad Social, concursos de persona física y jurídica, impagos, desahucios, procedimientos de familia, sanciones impuestas por el confinamiento, entre otros". Es decir, se espera una avalancha de litigios en todas las jurisdicciones.La vía más madrugadoraEn el capítulo penal, la gestión del coronavirus va a concentrar el mayor número de demandas, fundamentalmente entre los familiares de los fallecidos, en general y más explicitamente entre los de las personas que fallecieron en residencias de mayores. Por su parte, el sindicato de funcionarios CSIF ha denunciado ante el Tribunal Supremo a los miembros del Gobierno por homicidio imprudente, al no haber seguido las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no hacer acopio de material de prevención. En esta misma línea, diversos colectivos médicos están preparando sus querellas contra el Gobierno y las comunidades autónomas. También, grupos de enfermeros que han empleado mascarillas sin protección suficiente entregadas por el Ministerio de Sanidad, están trabajando con sus abogados para plantear querellas, por delito de omisión y lesiones. Muchos de estos colectivos cuentan con autos en los que demandaron medidas cautelares para que se les dotase de medios de protección para trabajar, que serán pruebas en los procesos.En esta tesitura se encuentran las solicitudes para constituir asociaciones de afectados, como la que ha solicitado el abogado Víctor Valladares, que cuenta con el respaldo de más de 5.000 personas, y que ha denunciado a Pedro Sánchez por permitir las marchas del 8 de marzo y otros eventos multitudinarios a pesar de las advertencias del Centro de Europeo para el Control y la prevención de Enfermedades. La denuncia está presentada ante el TS y otros juzgados y a la espera de su admisión a trámite y en ella se acusa a Sánchez y a los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas por prevaricación. Juzgados de Instrucción, como el 51 de Madrid, han abierto diligencias. También han anunciado querellas ante el Tribunal Supremo la Asociación Española de Abogados Cristianos, contra los miembros del Ejecutivo por omisión del deber de socorro y prevaricación. Y por homicidio imprudente la plataforma organizada por José Ignacio Sánchez Rubio, a la que se han sumado 228 abogados y 14 procuradores de muchos lugares de España.Por su parte, Vox ha denunciado ante las fiscalías provinciales para que se investigue la gestión de la crisis del coronavirus y pide que se investigue la gestión de los protocolos que afectan a las personas mayores. También ha demandado a Torra y al Ejecutivo de la Generalitat catalana por prevaricación.