Nadie podrá cobrar el ingreso mínimo vital en mayo, tal y como anunció el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a bombo y platillo en el día de ayer y que se sustanció con un comunicado de Moncloa certificando que la medida estaría lista en el mes de mayo, tal y como se filtró a la prensa el miércoles tras la comparecencia del ministro de Inlcusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en Comisión parlamentaria. Como advirtió el propio Escrivá en una entrevista realizada este mismo viernes, a la norma del ingreso mínimo vital le queda "más de un mes" hasta que sea aprobada en el Consejo de Ministros. "Es el calendario que mi Ministerio tiene desde el principio en la cabeza", aseguró.Además, existen flecos por abordar en torno a la medida, que impedirán que se pueda empezar a cobrar en mayo, tal y como avanzó este periódico aludiendo a los trabajos técnicos pendiente imposibles de despejar en apenas dos semanas que restan de mes de abril. De este modo, si bien fuentes de Moncloa confirman a elEconomista que con casi toda seguridad el borrador legislativo de la ayuda estará listo para la segunda mitad del mes de mayo, no está seguro aún cuándo podría ser aprobado por el Consejo de Ministros, de modo que, como mínimo, nadie empezará a cobrar el ingreso mínimo vital hasta junio.El primero de ellos es el cruce de datos fiscales y de renta entre la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, que estas mismas fuentes aseguran "ya está llevando acabo" y que el ministro aseguró que estaría para la próxima semana.El segundo de estos flecos es la negociación con las comunidades autónomas, para acordar un encaje de esta ayuda con las rentas mínimas regionales ya vigentes. Al ser complementaria a la ayuda autonómica, el Ejecutivo optará, como apuntan las fuentes consultadas por este diario, por implantar un tramo único estatal para todo el territorio, permitiendo a los gobiernos autonómicos completar dicha prestación en función de las diferentes necesidades concretas detectadas en cada región. Así, ninguna autonomía vería mermada esta cuantía que ofertan en la actualidad e, incluso, al ahorrarse el tramo autonómico, tendrían mayor capacidad de maniobrar para completar estas rentas.En tercer lugar está el trabajo de perfilado de los beneficiarios, que necesitará del concurso de las áreas de servicios sociales de los diferentes ayuntamientos.