Tal y como reconocen fuentes de Moncloa a este diario, a pesar de que se están priorizando las llamadas entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con comunidades autónomas y ayuntamientos para agilizar la aprobación del ingreso mínimo vital en los nuevos plazos anunciados por el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, aseguran necesitar más tiempo para concluir con exactitud el diseño de la medida por lo que la improvisación imprimida por las prisas de Iglesias amenazan el éxito de la ayuda estrella de esta crisis.Esta prestación sería de unos 500 euros por persona, para quienes vivan solos y no tenga familia a cargo, y de hasta 1.000 euros para aquellos que tengan hijos o justifiquen el cuidado de algún familiar, según avanzó Iglesias hace unos días. Y beneficiaría a unos tres millones de personas en un millón de hogares y estaría destinado principalmente a las bolsas de pobreza del país, según agregó Escrivá esta misma semana. Además, ante la falta de Presupuestos, la medida impactará directamente la deuda pública, que amenaza con escalar este año por encima del 110% del PIB. En la versión más mesurada en el tiempo del ministro Escrivá esta medida cuenta con una memoria económica presupuestada y prevé ser pagado con la recaudación tributaria y con cargo a la Seguridad Social.Con todo ello, las prisas imprimidas por el vicepresidente Iglesias para la puesta a punto de la medida pone en riesgo la efectividad de la misma, al no estar todos estos extremos concluidos y al recortarse los plazos para el aquilatamiento de la medida de 90 días a 15 días, por las presiones ejercidas por el líder de Unidas Podemos y asumidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que nunca llegó a advertir al ministro Escrivá de los extremos del conflicto político y ha terminado por abrazar los postulados extremistas de Iglesias sobre el ingreso mínimo vital. De hecho, si bien parece garantizado que la aprobación legislativa tendrá lugar en mayo, lo que no ha quedado claro por las declaraciones de Iglesias y de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, es cuando se empezará a cobrar.