El Gobierno del tándem de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha decidido imponer un control casi absoluto de las inversiones en nuestro país. El Ejecutivo acordó el 18 de marzo supervisar las adquisiciones que se realizasen en sectores estratégicos como energía, tecnologías críticas (inteligencia artificial, robótica, nanotecnología), medios de comunicación y sectores con acceso a información sensible como datos personales o con capacidad de control de dicha información. Ahora, el Gobierno ha vuelto a reformar la norma para hacerla duradera tras el estado de alarma y ampliable prácticamente a casi cualquier sector empresarial, al menos, esa es la interpretación que está realizando la Junta de inversiones exteriores, encargada de dicha supervisión.Según el Real Decreto-ley 11 de medidas urgentes se vigilará cualquier operación que supere el millón de euros y en "aquellos otros sectores" que puedan afectar "a la seguridad pública, orden público y a la salud pública", un extremo que está generando una honda preocupación en el sector empresarial.La Comisión Europea aprobó en abril del año pasado un Reglamento destinado a vigilar las inversiones foráneas y tenía previsto que los estados miembros lo implementaran antes del 12 de octubre.Con la llegada de la crisis del coronavirus, el Eurogrupo decidió el 13 de marzo acelerar esta medida, tal y como adelantó elEconomista, y lanzó el 25 de marzo una guía para su implantación, casi una semana después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez yPablo Iglesias ya se hubieran lanzado a regularlo.El Gobierno temía que la fuerte caída que vivían aquellos días algunas de las principales compañías del Ibex 35, como Telefónica o Repsol, pudiera acarrear alguna operación de compra por parte de algún inversor extranjero, aunque la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, aseguró que la situación estaba tranquila en esos momentos.Guía d e implantaciónEn la Guía de implantación de la UE, a la que tuvo acceso este diario, Bruselas pedía que se hiciera un uso amplio de las limitaciones en los sectores críticos, principalmente, los sanitarios para poder mantener la capacidad de acceder a los materiales necesarios para afrontar la crisis del coronavirus y ofrecía a los Estados el uso de interpretaciones muy amplias para garantizar que las empresas estratégicas no cambien de manos durante esta crisis sanitarias.La Comisión indica en la Guía que una inversión realizada en marzo podrá recibir comentarios del estado miembro o del Ejecutivo comunitario hasta junio de 2021, es decir, 15 meses después. Este extremo resulta especialmente llamativo ya que un nuevo inversor podría haber tomado el control de la compañía en ese plazo, cerrar unas cuentas anuales o incluso desmembrar una empresa, lo que podría generar una enorme inseguridad jurídica.En el documento, Bruselas admite que los controles de los sectores estratégicos se realicen independientemente del valor de la transacción, aunque no habla en ningun caso del millón de euros marcado por el Gobierno español, pero sí se refiere a la posibilidad de frenar la venta de una startup que tuviera una tecnología innovadora.Desde el lanzamiento, la UE ha tomado nota de las medidas tomadas por los diversos Gobiernos que además tienen la última palabra para aprobar o denegar las operaciones pero en fuentes jurídicas ha sorprendido el elevado nivel de intervencionismo que ha planteado el Ejecutivo español.La Unión Europea centraliza los 14 mecanismos existentes en la actualidad y recomienda a los países que no los tienen que los pongan en funcionamiento. Incluso va más allá y añade que se podrá utilizar como argumento simplemente la valoración de la empresa si está por debajo de valor real o intrínseco de la compañía.Asimismo, el Ejecutivo también solventa en el último decreto un resquicio legal que había dejado abierto. El Gobierno ha incrementado el control para invertir o la participación en otros vehículos con sede en Europa. De este modo, el tándem Sánchez e Iglesias extiende también el control a las realizadas por inversores residentes en países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio, cuando dichos inversores están controlados por entidades residentes fuera de ese ámbito territorial.El decreto aprobado el 1 de abril eliminaba también el punto 6, lo que en la práctica supone que la norma seguirá tras el final del estado de alarma. De hecho, en este mismo Real decreto se regula de forma transitoria la manera de pedir los permisos hasta que aparezca un próximo desarrollo normativo en el que ya está trabajando el Gobierno porque debe estar listo antes del 12 de octubre de este año.La Comisión Europea ha notificado ya a la Organización Mundial del Comercio las medidas que está adoptando para proteger su industria de modo que puedan valorarlas y cumpliendo así la petición del G-20 de darle la máxima transparencia a todos los pasos que se están dando, en un momento en el que el comercio mundial.