El sector automoción en su conjunto, entre los que se incluyen fabricantes de vehículos, proveedores, concesionarios, talleres, renting, alquiladoras y actividades de reciclaje y desguace que componen toda la cadena de valor del sector, así como otras asociaciones de vehículos de motor, pidieron ayer al Gobierno la aprobación de un plan de choque nacional de medidas urgentes y específicas para el automóvil. Dichas asociaciones, un total de 16, calculan que al menos 350.000 empleados del sector (entre fabricantes, componentes y distribución) han tenido que acogerse a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Ertes) para paliar el impacto negativo de la actividad parada. Por eso, reclaman que dicho plan tendría que contar con distintos componentes, ya que el sector de la automoción aporta el 10% del PIB nacional y el 9% del empleo en toda España. En primer lugar, las asociaciones solicitan medidas de impulso a la demanda, que ayuden a la recuperación global del mercado y sus servicios, que promuevan la renovación del parque con todas las nuevas tecnologías disponibles e impulsen el cumplimiento de los objetivos medioambientales del sector. Además, este plan de choque ha de complementarse con medidas para mejorar la liquidez de las empresas, en especial las de menor tamaño y riesgo financiero; medidas fiscales para reactivar el mercado; medidas de flexibilidad laboral, y por último, medidas para el impulso de la inversión y de la industria 4.0. Este paquete de medidas también debería abordar todos los aspectos relevantes para la industria y el sector de la automoción, "de tal manera que se garantice, en la medida de lo posible dentro de la grave crisis que atraviesa España, la competitividad y viabilidad futura de todas las empresas y componentes de la cadena de valor de este sector", se afirma en el comunicado.Medidas de liquidezLos concesionarios solicitan al Ejecutivo un plan para incentivar la demanda, tal y como se hizo cuando se implantó el primer Plan Pive, "que ayudó mucho a la reactivación de las ventas", tal y como adelantó el presidente de la patronal de concesionarios (Faconauto) en una entrevista a elEconomista. En cuanto a la patronal de los vendedores (Ganvam), su presidente, Raúl Palacios, explicó a este medio que el parón de las matriculaciones está haciendo que se dejen de ingresar entre 2.500 millones y 2.700 millones de euros; en el caso del vehículo usado, se dejarán de ingresar unos 1.800 millones de euros. A esto hay que sumar los intereses que tenemos que pagar por este stock que no podemos vender y que en total suma unos 15 millones de euros mensuales si sumamos nuevos y usados. En opinión de Ganvam, se necesita un fondo extraordinario, que en lugar de facilitar el endeudamiento alivie las tensiones de tesorería. Aquí el Estado debería asumir, al menos, parte del coste. Del lado de los componentes de automoción, el director general de Sernauto, José Portilla, destacó a este diario que serán necesarios "entre seis y doce meses para volver a los niveles de facturación previos a la crisis". En su opinión, el impacto será especialmente importante para las pymes. Por ello, piden al Gobierno flexibilidad en los mecanismos de los Ertes y que se establezcan medidas encaminadas a generar liquidez a las empresas. Por su parte, el secretario general de la Asociación Nacional de Empresas de las Dos Ruedas (Anesdor), José María Riaño, recalcó a elEconomista la importancia de garantizar la liquidez para evitar todos los cierres posibles, así como una uniformidad en la aplicación de los distintos Ertes. Además, el secretario general de Anesdor apuntó que "no cabe otra solución" a que Europa conceda una moratoria de la entrada en vigor de la nueva normativa Euro 5, en vigor desde este año y que permitía vender modelos Euro 4 hasta el 31 de diciembre de 2020.Por último, el presidente de la patronal de empresas del rent a car (Feneval), Juan Luis Barahona, recalcó a elEconomista la importancia de aplicar un IVA reducido.