El Gobierno de Pedro Sánchez sigue con sus tijeras aplicando recortes a partidas que corresponden a las comunidades autómomas, ahora que no le cuadran las cuentas públicas, y que incluso admite que no sabe qué ingresos va a recaudar en 2020. La última de las acciones es la que llevó a cabo la ministra de Trabajo, este miércoles, con un rosario de críticas de al menos siete regiones: entre ellas Galicia, las gobernadas por PP y Cs -Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León- y, Cataluña y País Vasco.Después de que el Ministerio de Hacienda eliminara la devolución de 2.500 millones de euros en concepto del IVA de diciembre de 2017, y de que el departamento que dirige María Jesús Montero todavía mantenga paralizados los retrasos de las entregas a cuenta de 2019, por cierto, denunciados ante la justicia, Yolanda Díaz ha avanzado que el Estado se va a quedar de las Políticas Activas de Empleo de 2021 -cuya autoridad laboral corresponde a las autonomías- la Acción Formativa para el Empleo, es decir, 2.400 millones de euros.La justificación, explicó la titular de Trabajo, es que ese dinero va a ir destinado a la prestación por desempleo en lugar de a la formación a trabajadores que se quedan en el paro. La noticia, de la que fueron informadas las CCAA apenas unas horas antes de la reunión telemática entre Díaz y los responsables autonómicos de ésta área, ha desencadenado enorme malestar y reproches de dos grandes socios de la investidura de Pedro Sánchez: el PNV y de ERC.Para el Gobierno Vasco, el Ejecutivo progresista ha actuado por decretazo, con una nueva imposición, ha dejado desamparadas políticas indispensables, esto es una invasión de competencias que atenta contra las necesidades de los parados. Desde Cataluña, mantienen que la medida afecta a los derechos de los trabajadores y deja sin herramientas a los servicios públicos de Empleo.La Comunidad de Madrid, además de mostrarse contraria a la actuación vía decreto de Díaz, ha enviado una carta a la ministra en la que se afea a este ministerio por haber tomado las medidas sin mediar consulta alguna, por cuestionar la autoridad laboral que recae sobre las comunidades autónomas, y por no haber dado opciones alternativas "con resultados ágiles y fáciles de aplicar en términos administrativos". Además -añade la CAM- también "la información de los ERTEs ha sido insuficiente".