Las empresas viven con incertidumbre la evolución del estado de alarma, que ha reducido a la mínima expresión la actividad económica, y piden nuevas medidas para evitar que se cumpla el peor escenario que baraja la Generalitat de Cataluña, que sitúa el pico de la pandemia en la comunidad a finales de abril, con hasta 121.000 afectados y 13.000 muertos, y que supondría que la vuelta a la normalidad no llegaría hasta junio.Para acortar plazos, PIMEComerç propuso ayer reducir el horario de los comercios de alimentación, de ocho de la mañana a tres de la tarde, para reducir la exposición de los trabajadores al virus y a la vez contribuir al confinamiento reduciendo el movimiento de personas por las tardes para ir a comprar. Se trata de una iniciativa que defiende el pequeño comercio, como pescaderos, panaderos, fruteros y mercados, mientras que la gran distribución está en contra.Asimismo, las entidades que agrupan a los constructores y contratistas catalanes han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle la paralización de las obras públicas y privadas no esenciales, así como los instrumentos económicos necesarios para que las empresas del sector puedan sobrevivir. En la misiva exponen que es "imposible" mantener la distancia de seguridad entre operarios en determinados trabajos o fases de obra, los desplazamientos en vehículos de menos de nueve plazas ocupados por una sola persona, o la desinfección de herramientas y espacios usados por varias personas.Si se cumple el peor escenario, el calendario de ferias y congresos volverá a sufrir, ya que algunos eventos se habían pospuesto para junio confiando en que el nuevo coronavirus ya estaría controlado, pero sería emasiado pronto todavía. Puede ser el caso de eventos como la semana de la moda nupcial, la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week, reagendada del 8 al 14 de junio en Fira de Barcelona; o del salón del turismo B-Travel, movido del 27-29 de marzo, al 19-21 de junio.Impacto económicoPara lograr la supervivencia de las empresas mientras dure el estado de alarma, la patronal catalana Foment del Treball reiteró ayer al Gobierno español la necesidad de acordar la suspensión de las autoliquidaciones de impuestos y cotizaciones sociales, con la esperanza de que lo incluya en el orden del día del Consejo de Ministros de este viernes, y le recordó que las medidas fiscales (suspensión y exención) están entre las consideradas como prioritarias por la Comisión Europea. Foment urgió a tomar decisiones: "Todavía estamos a tiempo, pero no tomar decisiones será un grave error de consecuencias muy negativas para la economía productiva que evitará tener fuerza cuando se ponga punto y final al estado de alarma".