Estima que se están incumpliendo los servicios esenciales de los juzgados La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial exige a las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia que "se abstengan de adoptar medidas que impidan el cumplimiento de los servicios establecidos". Hay que recordar que estas comunidades autónomas son responsables de los funcionarios y del personal que atiende a los juzgados en su territorio.En un comunicado hecho público ayer manifiesta que ha tenido conocimiento de algunas iniciativas previstas por algunas autonomías con competencia en materia de medios personales y materiales de la Administración de Justicia sobre el régimen de asistencia del personal colaborador que presta servicio en Juzgados y Tribunales, a los que han impuesto "régimen de disponibilidad" y no presencial.El CGPJ denuncia que semejantes iniciativas impedirían, en la práctica, la prestación de los servicios esenciales de la Administración de Justicia definidos, hasta ahora, en sus acuerdos de 11, 13, 14, 16 y 18 de marzo de 2020.Objeciones judicialesPor otra parte, denuncia también, que algunas asociaciones profesionales de jueces y magistrados han realizado comunicados condicionando la prestación de los servicios esenciales a la obtención previa de medios de protección individual y colectiva, pese a la notoria limitación de recursos disponibles y a la existencia de otras prioridades como es la exigida por el servicio sanitario. "Es precisamente en los momentos de crisis cuando a cada cual le corresponde cumplir su compromiso con los demás. Es el momento de dar, ser y demostrar la medida de nosotros mismos. Ni la Administración de Justicia ni sus servidores estamos eximidos de ese compromiso y es ahora, más que nunca, cuando se nos debe exigir un ejercicio de responsabilidad", asegura.La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAF) consideran en sendas notas que el comunicado es "inaceptable" e "indignante". Creen que se les insulta al rechazar los planes de disponibilidad no presencial que algunas comunidades han planteado.