El Ayuntamiento de Madrid ha sido el primero en reaccionar y en solicitarle al Gobierno de España que, en lugar de permitir que 300 millones de euros del superávit municipal se destinen a la mejora de los servicios sociales de los consistorios, se dote de mayor capacidad a estas administraciones, suprimiendo por ley la amortización anticipada de la deuda que obliga la norma, lo que en su conjunto supondría 4.000 millones y 5.000 millones de euros a repartir entre los 8.100 ayuntamientos de toda España. En el caso de Madrid, y con esos cálculos, una vez descontada la cuenta 413, las amortizaciones ordinarias, el IFS, la Villa y Corte podría percibir alrededor de 420 millones, emolumento que en opinión del alcalde, José Luis Martínez Almeida, serviría para rebajar el IBI, el IAE, o la tasa de residuos, además de para una campaña de publicidad que reanime el turismo de Madrid.Almeida, abanderado de la iniciativa, cree que sería útil para mitigar las consecuencias económicas del pequeño comercio y de numerosos autónomos.