El sector alerta que esta crisis puede generar un daño irreversible en su negocioLas grúas siguen a pie de calle y en pleno rendimiento, a pesar de que el país se encuentra en Estado de alarma. Esta situación, que sí ha provocado el cierre de otros negocios, no supone, sin embargo, la paralización de las obras públicas o privadas que estén en marcha y desde las constructoras advierten de que esta situación puede suponer un "importante riesgo" a su viabilidad.Según explican a elEconomista distintas empresas del sector dedicadas al negocio residencial, "la situación puede llegar a un punto irreversible para nosotros en el caso de que, por falta de mano de obra o de materiales, nos veamos obligados a paralizar las obras, ya que eso supondría incumplimiento del contrato". Por eso, desde el sector esperan que el Gobierno tome cartas en el asunto y les respalde imponiendo el cierre de las obras, "lo que sentaría las bases para que se pudiera parar nuestra actividad con garantías para los trabajadores y asegurando la viabilidad de nuestro negocio a futuro". La mayor parte de los contratos entre constructoras y promotoras, explican las mismas fuentes, están sujetos a penalizaciones por incumplimiento de plazo "de entre un 10% y un 20% del costes y además conllevan ejecuciones de avales y garantías y en muchos casos te pueden reclamar daños y perjuicios que el incumplimiento pueda causar al cliente. Con este entorno, no podemos paralizar las obras porque el perjuicio que nos causaría sería absolutamente inasumible".En este momento los únicos que pueden tomar la decisión de paralizar las obras son el Gobierno, si decide suspender las actividades en las obras porque las considera inseguras para la salud de los trabajadores, la propiedad de las obras, o la dirección facultativa, que es la que tiene que garantizar que los trabajos se pueden llevar a cabo con seguridad para los trabajadores. El sector de la construcción representa el 5,8% del PIB nacional y al cierre de feberero contaba con 1,26 millones de empleados, por lo que una quiebra en cadena en esta industria supondría un importante golpe a la economía española. Al igual que la actividad residencial, la obra pública sigue adelante con aparente normalidad, al menos por el momento. Tal y como aclaran desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Real decreto de alarma "no incluye la paralización de las obras".Falta de materialesDesde las constructoras esperan instrucciones de los diferentes ministerios con los que tienen obras y contratos de servicios, fundamentalmente de Transportes y Transición Ecológica, así como de los distintos entes públicos (Ayuntamientos, comunidades autónomas, Diputaciones...). Algunas empresas ya han tenido que paralizar obras por su cuenta y riesgo, debido al cierre de establecimientos hoteleros y restaurantes necesarios para sus trabajadores en aquellos proyectos en los que tienen al personal desplazado. Asimismo, también están teniendo dificultades para recibir materiales. "Tenemos problemas de suministros, por ejemplo, de hormigón, porque hay plantas que han tenido que cerrar al verse trabajadores afectados por el coronavirus", explican fuentes del sector.