Los residuos radiactivos del país costarán un total de 23.044 millones de euros, calculados desde que empezaron a generarse en 1985 hasta final de siglo, de acuerdo con las previsiones de Enresa, la empresa pública encargada de su gestión. Se trata de un incremento del 77% con relación a las previsiones anteriores. De esa cantidad, queda por pagar la parte del león, 16.745 millones, la mayoría correspondientes al combustible gastado de las centrales nucleares (8.218 millones) y a la clausura de estas mismas instalaciones (4.288 millones).Así se recoge en el borrador del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), elaborado por Enresa y divulgado ayer para información pública por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). El anterior Plan fue aprobado en 2006 y estaba totalmente desfasado; su sustituto debería estar vigente desde 2010. Durante estos años Enresa apenas ha facilitado información sobre el coste de gestionar los residuos, aunque se sabía que había incrementado notablemente sus previsiones. Ahora se desvela que la escalada es del 76,9%, desde los 13.023 millones estimados en el sexto PGRR, hasta los 23.044 millones del séptimo.La propuesta del nuevo PGRR se basa en el escenario recogido en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que plantea un calendario escalonado del cierre de las centrales nucleares entre 2027 y 2035, superando en todos los casos los 40 años previstos anteriormente y origen de buena parte del encarecimiento, porque al operar más tiempo las plantas, producirán más residuos. Combustible gastadoEl documento no prevé el reprocesamiento del combustible nuclear gastado –opción contemplada en otros países, tal que Francia–, sino almacenarlo como residuo. Y esta es, precisamente, la mayor partida de costes entre 1985 y 2010, de 11.148 millones; le suceden los de clausura de las propias plantas (5.089 millones), los de gestión de residuos de baja y media actividad (3.612 millones), los de estructura –ninguno de los demás–, que ascienden a 2.546 millones, los de I+D, con 575 millones, y otros, con 72 millones.Las labores preparatorias para el desmantelamiento de cada central nuclear se iniciarán al menos tres años antes de la fecha de cese y se prevé el inicio del desmantelamiento tres años después del cese. En estos seis años se llevarán a cabo las actividades de vaciado de las piscinas de combustible gastado, las tareas preparatorias del desmantelamiento y la obtención de la autorización de desmantelamiento. Posteriormente, se estima un plazo de diez años para la ejecución material del desmantelamiento.Para cubrir estos costes, y los de la gestión futura de los residuos, el Miteco ha incrementado recientemente un 19% la denominada Tasa Enresa, el principal mecanismo de financiación de todo el proceso. La tasa ascendía a 6,7 euros por MWh generado por las centrales y ha crecido hasta los 8 euros por MWh, también con la intención de cubrir un déficit valorado en 2.350 millones a cierre de 2018 por el Tribunal de Cuentas.Diferentes opcionesEl Plan contempla un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para la gestión de los residuos de alta actividad, que no estaría operativo antes de 2028. No obstante, la documentación ambiental que acompaña al documento perfila diferentes opciones: un único ATC o varios ATD (Almacenamiento Temporal Descentralizado).La falta de un ATC nos ha obligado a enviar al extranjero los residuos de la accidentada central de Vandellós, que nos cuestan unos 74.000 euros diarios –la factura casi llega a los 850 millones–, a los que se suman otros costes, que superan los 2.000 millones. El Gobierno del PP decidió ubicar el ATC en terrenos del conquense municipio de Villar de Cañas –Enresa ha invertido ya casi 80 millones en habilitarlos–, pero el actual Ejecutivo ha decidido revisar esta decisión y aún no ha aprobado dónde se ubicará la instalación ni, como revela el borrador del PGRR, si al final se construirá.Durante la tramitación del PGRR se elegirá entre las dos opciones, bien el ATC, bien los ATD. El borrador, tras la consulta pública, debe superar una Evaluación Ambiental estratégica, recibir el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la aprobación de las Cortes, momento en que deberá remitirse a Bruselas.A largo plazo se construirá un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) para depositar definitivamente los residuos de alta actividad, que podría estar operativo en 2073. Los residuos de muy baja, baja y media actividad –del desmantelamiento de las centrales y de otra procedencia, como los hospitales– se seguirán depositando en el almacenamiento de El Cabril (Córdoba), que deberá ampliarse para que quepa el volumen previsto.