"El transporte privado tiene necesariamente que financiar el transporte público". La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) se mostró ayer de nuevo contundente respecto a las ineficiencias del modelo de financiación actual de las infraestructuras en España y, muy especialmente, en el caso de las carreteras de alta capacidad. Es por ello que urge al Gobierno a implantar la tarificación de la red de autovías interurbanas (14.130 kilómetros).Se trata de una demanda recurrente del sector privado que cada vez se hace más imperiosa, a su juicio, por el creciente gasto social (pensiones, educación y sanidad principalmente) y por la consolidación fiscal a la que obliga Bruselas. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se tornan insuficientes para cubrir las necesidades de conservación, que aumentan con la reversión de las concesiones. Así lo demuestra el progresivo crecimiento del déficit acumulado, que supera los 7.000 millones de euros. La organización que preside Julián Núñez propone introducir peajes en la red de alta capacidad de 9 céntimos para los vehículos ligeros y de 19 céntimos para los pesados, unos niveles que son los que existen hoy de media en la Unión Europea (UE). Representa un incremento sustancial respecto al planteamiento que lanzó el año pasado, de 3 céntimos y 14 céntimos, respectivamente. La nueva propuesta, que es en todo caso una aspiración de máximos, podría acometerse a través de dos fórmulas. En ambas implica concesionar la operación y conservación al sector privado durante un periodo de 25 años. En el primer caso, las empresas acometerían un pago inicial de 104.000 millones de euros. Se trata de una opción de difícil aplicación y que no encuentra precedentes en otros países. El segundo, más realista, supone un pago inicial por parte de las concesionarias de 5.614 millones y el pago anual de un canon de 4.827 millones. En ambos modelos, se añadiría un impacto positivo para las arcas públicas de 4.698 millones por la recaudación de IVA, Impuesto de Sociedades e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y el ahorro de unos 850 millones al año que la Administración debería destinar al mantenimiento de estas vías. El coste inicial de instalar los pórticos (sistema sin barreras) en las carreteras superaría los 1.000 millones. Seopan ya ha trasladado sus propuestas al Ministerio de Transportes, que trabaja en una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Urbano. El ministro José Luis Ábalos tiene abierta la puerta al debate sobre la instauración de peajes blandos. Los 104.000 millones estimados por Seopan podrían permitir enfrentar las necesidades de inversión en infraestructuras para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la patronal cuantifica en 103.000 millones.