Con filtraciones públicas por el número de personas que asisten a las comisiones de coordinación y seguimiento de la coalición, la Permanente y la Parlamentaria, la Ley integral por la libertad de protección sexual ha sido objeto esta semana de discordia entre las dos formaciones que arman el esqueleto del Gobierno progresista. El vicepresidente y los ministros de Unidas Podemos (cuatro) quieren que su propuesta de ley dependa del Ministerio de Igualdad. Piden materializar la norma por los delitos sexuales, sin mezclarlos con una reforma del Código Penal, que es lo que defiende el estricto Gabinete de Sánchez –18 miembros, aunque dos de ellos están en zona difusa, como Salvador Illa, del PSC y, Manuel Castells, partidario de la negociación con los independentistas–.Las prisas de Irene Montero, responsable del área de Igualdad, se fundamentan en querer sacar adelante esta norma antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pero el Grupo Socialista no ve así las cosas. Para este partido es más rentable que en la futura reforma del Código Penal se incorporen los delitos sexuales, y hasta es posible que una versión edulcorada del delito de sedición y rebelión, para que Oriol Junqueras tenga más fácil salir de prisión.Negando la mayor, y después del enfrentamiento, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha negado discrepancias en el seno del Gobierno relativas al proyecto de ley de libertades sexuales y ha garantizado que se presentará antes del 8 de marzo. En este round, ha vuelto a ganar Podemos.