Las investiga por un delito de corrupción de los negocios en 'La Rueda' de la SGAEEl juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha imputado a gran parte de las televisiones en abierto de España por un presunto delito de corrupción en los negocios relacionados con el fraude de La Rueda de la SGAE. El magistrado señala que las cadenas, entre las que se encuentran casi todas las autonómicas, Mediaset, RTVE y Atresmedia, podrían ser corresponsables de las irregularidades cometidas por un grupo de artistas y empleados de televisiones para defraudar 100 millones en cinco años a la SGAE con la emisión masiva de canciones falsas, al no haber evitado que estas se llevaran a cabo.En concreto, el auto recoge que "la responsabilidad penal que pueda corresponder" a los empleados de las teles que "negociaron" con los músicos debería trascender a las cadenas, porque "no activaron ni aplicaron protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementaron eficazmente mecanismos de control para detectar actuaciones criminales en el seno de sus corporaciones". Es decir, que "permitieron" la emisión de repertorios musicales "con un objetivo de carácter defraudador" en vez de seguir "criterios de calidad u obtención de audiencias". No en vano, para reclamar responsabilidad penal a una empresa es necesario que esta no tenga mecanismos de vigilancia y control para impedir o prevenir delitos. Para el juez, el origen del fraude está en la creación de editoriales musicales por parte de las televisiones para rebajar el dinero que pagan a la SGAE y en la "falta de rigor de los Estatutos" de la propia sociedad para registrar obras nuevas o modificaciones de las mismas. Así, la Audiencia explica que los investigados (artistas y empleados de las cadenas) utilizaron este sistema para enriquecerse con la masiva difusión de canciones en el horario nocturno. Dichos autores tendrían un contrato firmado con las editoriales de las cadenas para cederles el 50% de los derechos de las canciones que luego emitirían de madrugada. Un parte del problema radicaría en que los artistas registraron como propias canciones ya existentes a las que apenas habrían realizado arreglos o "pequeñas modificaciones en las aperturas". Como esto se hacía de forma masiva para crear un gran repertorio, muchas obras se pusieron a nombre de familiares o de empresas, tal y como asegura el juez. Según las investigaciones, estos autores tendrían acuerdos con los responsables de las televisiones para que dieran un trato o uso preferencial a su repertorio a cambio de "incentivos o dádivas". En este sentido, el fiscal señala que la presunta actividad delictiva no habría podido desarrollarse sin "la actuación concertada con las diferentes cadenas de televisión". En este punto, el juez apunta que "existen indicios" de que las teles habrían participado en la comisión de los hechos.Así, el sistema de La Rueda en sí, que ha enfrentado a las grandes multinacionales y las televisiones por el reparto de los derechos, no está cuestionado por la justicia, sino el hecho de algunos lo usaran para enriquecerse de forma ilícita. El juez señala que la SGAE reparte unos 50 millones de euros al año por la emisión de música en televisión entre los verdaderos autores y la masa autoral, de los que 20 millones se los estaría llevando "la masa autoral investigada".