El Gobierno potenciará aún más el autoconsumo, otorgando ventajas a las denominadas comunidades energéticas locales, un nuevo tipo de figura jurídica, derivada de la normativa europea, con capacidad para producir, consumir, almacenar y vender energía, principalmente verde, con sus propias instalaciones, sin que sus miembros pierdan la condición de consumidores finales. Estas comunidades serán lo suficientemente amplias como para que participen desde clubes deportivos hasta asociaciones de padres de alumnos, pasando por ayuntamientos, polígonos industriales, parques tecnológicos o zonas portuarias. En España existen las cooperativas energéticas desde hace cien años –en 1925 se fundó la Coopertiva eléctrica benéfica de San Francisco de Asís de Crevillent– y en los últimos tiempos han proliferado otras como Som Energia o Goiener. Una veintena de ellas se aglutinó hace un año en Unión Renovables.Bruselas quiere potenciarlas aún más, como parte de su idea de poner al consumidor en el centro del sistema energético, y su último gran paquete normativo, significativamente bautizado como Energía limpia para todos los europeos, incluye dos nuevas figuras jurídicas para ello: las comunidades de energía renovable, recogidas en la Directiva 2018/2001, y las comunidades ciudadanas de energía, alumbradas en la Directiva 2019/944.Estos dos tipos de comunidades tienen en común que sus miembros deben estar en las proximidades de sus proyectos de energía –eléctrica, térmica o de transporte– y que su objetivo ha de ser proporcionar beneficios ambientales, económicos y sociales a sus integrantes o a las zonas locales en las que operen, pero no ganancias financieras; de hecho, las empresas pueden formar parte de las comunidades, siempre que dicha participación no sea su actividad principal. Por consiguiente, las comunidades se centrarán en el autoconsumo de electricidad –en especial el colectivo–, las redes de calor y frío y el transporte compartido, y crearán sus propios mercados locales de energía y servicios energéticos, aunque también participarán activamente en los mercados convencionales de gran escala.Comunidades localesEl Gobierno debe trasponer ambas figuras jurídicas a la legislación interna, tiene pensado unificarlas en lo que denomina comunidades energéticas locales, y quiere impulsarlas, como parte de sus políticas de Transición justa, de participación ciudadana en el proceso de transición energética, de freno a la despoblación rural y de lucha contra la pobreza energética.La legislación ya tiene elementos que deberían impulsarlas, especialmente la regulación del autoconsumo, al que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acaba de complementar con un peaje de proximidad por el uso de las redes de distribución. Además, hay otras disposiciones aprobadas, pero pendientes de desarrollar, como las redes eléctricas cerradas o la agregación de demanda.La citada normativa europea señala que los estados diseñarán marcos normativos de apoyo para las comunidades, eliminando obstáculos administrativos, facilitando el acceso a la financiación y la información, reforzando a las autoridades públicas para crearlas...El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae) lleva más de un año trabajando alrededor de las comunidades y ha editado una detallada Guía para fomentarlas, que plantea una buena batería de medidas.Ayudas y exenciones fiscales Entre estas medidas las hay clásicas, como las subvenciones –los europeos fondos Feder pueden otorgarlas–, los créditos blandos de entidades financieras públicas, como el ICO, o las exenciones y reducciones fiscales –IVA, IRPF, IBI, ICIO– para los partícipes, los equipos y las transacciones entre los miembros de la comunidad. Y las hay también mucho más novedosas, como fondos de cobertura para eventuales impagos o un bonus para las eléctricas por cuyas redes transite la energía de la comunidad, para que también tengan interés en que se desarrollen.La revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ha ampliado el peso y el número de medidas para fomentar las comunidades con relacion a la versión anterior, tal y como había solicitado Bruselas cuando evaluó el documento, el verano pasado.Ahora el PINEC plantea la reserva para las comunidades de una cuota de la energía renovable adjudicada con las futuras subastas para que la consuman a precio fijo, ventajas para que participen directamente en las subastas, garantías públicas para abaratar su financiación, la promoción de proyectos de demostración...