Dia utilizó en 2017 dos sociedades en Suiza para ocultar las irregularidades contables investigadas ahora por la Audiencia Nacional. Bajo la gestión de Ricardo Currás como consejero delegado de la empresa, la compañía constituyó dos firmas en el país helvético, donde no tenía ningún tipo de actividad. Se trata, en concreto, de Dia World Trade, que según la compañía está dedicada a "prestar servicios a los proveedores de las sociedades del grupo" y de ICDC Services Sàrl, cuyo objeto es "la negociación con los proveedores internacionales". En el auto judicial por el que se citó a Currás y otros cuatro miembros de su cúpula directiva como investigados -anteriormente imputados - el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal les acusa de idear un plan para mejorar artificialmente los resultados del grupo en 2017 mediante "prácticas contables irregulares". El juez, que cita de forma explícita tanto a Dia World Trade como IDC Services, ha detectado "una emisión de cargos ficticios a proveedores por importe de 40,6 millones de euros", además de la no contabilización de facturas de gastos indirectos por importe de 11 millones de euros y ventas irregulares por importe de otros 1,9 millones más.Apariencia de gestión sólidaSegún las pesquisas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, el que fuera consejero delegado de Dia entre 2011 y 2018 decidió "alterar ciertas magnitudes con reflejo directo en el ebitda (resultado bruto operativo), lo que le proporcionaba una apariencia de sólida gestión y alcanzar el cobro del variable por objetivos", dado que las cifras del año 2017 no cumplían los objetivos. La estrategia de Currás, que según el juez contó con la colaboración de su sucesor en el cargo, Antonio Coto, "en parte implicaba la utilización de prácticas irregulares" para lograr una "alteración artificial del ebitda de 51,8 millones de euros", lo que posteriormente obligó a la empresa a hacer ajustes y reexpresar sus cuentas. KPMG detectó una de estas prácticas irregulares en febrero de 2018, durante la auditoría de cierre de las cuentas de 2017. No obstante, la investigación interna no empezó hasta después del cese de Currás, en agosto de 2018.La imputación por falsedad contable de Ricardo Currás amenaza ahora a todo el consejo de administración que la compañía tenía en 2017. La Plataforma de Afectados de Dia, creada por el despacho de abogados Gesico y que representa los intereses de un grupo de accionistas minoritarios, ha recurrido el auto ante la Audiencia Nacional para pedir que se investigue a todos los miembros del órgano ejecutivo. La responsabilidad del consejoAdemás de Ricardo Currás, el consejo de administración de Dia estaba integrado en 2017 por Ana María Llopis Rivas, en calidad de presidenta no ejecutiva; Richard Golding, como vicepresidente primero; Mariano Martín, como vicepresidente segundo, y los vocales Julián Díaz González, Antonio Urcelay, Juan María Nin, Ángela Lesle, María Luisa Garaña y Borja de la Cierva, que asumió posteriormente el cargo de consejero delegado.En la misma línea que los minoritarios, Mikjail Fridman, que controla actualmente el 70% de Dia a través de LetterOne, insiste también en que "Currás no es el único responsable, porque todos los consejeros firmaron las cuentas". Habrá que esperar ahora a una posible imputación.