María Jesús Montero avaló el modelo en Europa en la actualización del Plan de EstabilidadLos calculos de la Airef en su informe 'Spending Review' dicen que ahorrará mil millones en 2022El Ministerio de Hacienda tiene como prioridad elaborar los presupuestos para este año y ahí podría aparecer una previsión económica de la futura aplicación de las subastas de medicamentos a nivel nacional. Montero ya ha avisado, en reiteradas ocasiones, de que su intención es desarrollar este sistema de compra pública y ahora cuenta con un nuevo aliado dentro del Ejecutivo: el ministro José Luis Escrivá, quien avaló el modelo como presidente de la Airef. La subasta de medicamentos será uno de los principales enemigos que la industria farmacéutica tendrá que combatir en este 2020. La iniciativa, que mostró cierta capacidad de ahorro, pero también produjo continuos desabastecimientos de fármacos, es una de las recetas que tiene en la agenda el Mi- nisterio de Hacienda para paliar el ingente aumento de gasto público que tiene previsto. Así lo comunicó a la Comisión Europea la ministra María Jesús Montero, en la actualización del Plan de Estabilidad, y ahora, que comenzarán a preparar los nuevos Presupuestos, "prioridad absoluta del Ministerio", la aparición de la medida a nivel nacional "no se descarta", según fuentes de Hacienda.Cuando Montero —ideóloga del sistema en el año 2011 cuando era consejera de Salud de Andalucía— incluyó las subastas en el horizonte de 2020 lo hizo apoyándose en un informe que se encargó a la Airef sobre el gasto farmacéutico. El presidente de la Autoridad Fiscal entonces era José Luis Escrivá, hoy ministro de Seguridad Social y Migraciones en el nuevo Gobierno de Sánchez. Aquel trabajo, llamado Spen- ding Review, aseguraba que la im-plantación de la medida sería, efectivamente, este año, y proyectaba un ahorro de 1.000 millones, que se alcanzaría en 2022. Precisamente, esa cifra de ahorro puede ser el argumento que se utilice frente a las comunidades autónomas. Casi todos los compromisos adquiridos por el Gobierno en materia sanitaria tendrán que ser sufragados por los 17 territorios. Uno de ellos, el copago, tendrá un impacto de 600 millones de euros a nivel nacional y mientras se decide la reforma del sistema de financiación autonómico, esa bolsa de oxígeno económico que pueden dar las subastas puede convencer.Cuando se anunció que las subastas de medicamentos (también avaladas por Pedro Sánchez en redes sociales) podrían llegar a nivel nacional, se estimó que sería más laxa que su versión andaluza. En esta comunidad autónoma, durante siete años, se ha utilizado un modelo mediante el cuál aquel que diera la oferta más baja al Servicio Andaluz de Salud se quedaba con todo el mercado. Ahora, dada la dimensión y complejidad de operar en todo el territorio nacional, el modelo facilitaría más de un actor. "Permitir estar incluidos en la lista de medicamentos con preferencia en la dispensación por cantidades limitadas –y por el orden de las pujas excluidas– el acceso al mercado de otras compañas farmacéuticas al precio pactado", decía el informe.Las pretensiones del Gobierno tienen como principal opositor la historia vivida en Andalucía, única comunidad autónoma que implantó el modelo. El primero de los problemas tiene origen sanitario. En reiteradas ocasiones, las asociaciones de farmacéuticos andaluzas han puesto de manifiesto un problema de desabastecimiento de fármacos y esto afecta directamente a la adherencia de los pacientes a los tratamientos. La razón principal es que muchas de las compañías que concurrieron no tuvieron capacidad para suministrar todo el mercado andaluz. Dos de las compañías que más quejas acumularon fueron Ranbaxy y Aurobindo, dos multinacionales indias. Pero también las quejas llegan desde la industria del genérico. "Dar exclusividad produce riesgo de desabastecimiento, con el agravente de que a nivel nacional sería más difícil reaccionar. Además, no entendemos que se realicen ajustes en un sector como el de los genéricos, cuyo precio medio de medicamento es 3,5 euros", dice Ángel Luis Rodríguez, director general de la patronal Aeseg.Tantas fueron las críticas que una de las primeras medidas que tomó el Gobierno de Andalucía del Partido Popular fue el desmantelamiento progresivo del modelo. La posición del consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, fue contrario a las subastas, tanto en esta última etapa como en su trayectoria como senador. Sin embargo, y uno de los motivos que más alertan del regreso de la subasta a nivel nacional, fue lo ocurrido en Andalucía el pasado jueves. El nuevo Gobierno ha estado desmantelando el modelo actual (y lo seguirá haciendo, con los tres consursos aún en vigor), pero el consejero dejó la beligerancia que le solía acompañar cada vez que hablaba del modelo y también cambió el discurso. En público afirmó que "se apuesta por reformular el sistema de subasta de medicamentos y la compra centralizada". De su eliminación pasó a la remodelación, sin que nadie, a priori, haya presionado al Gobierno regional para que modere su discurso. Ayer, el presidente del Consejo Andaluz de Farmacia, durante el acto de su reeleción, se refirió al modelo como "una agresión a nuestra legítima competencia en el manejo de las situaciones especiales a las que algunos de nuestros pacientes se enfrentan".