Una carta alerta de que su trasposición descoordinada puede romper el mercadoLa Comisión Europea ha remitido a los estados miembro una carta alertando de los riesgos de una trasposición descoordinada de la normativa comunitaria para prohibir y reducir los plásticos de un solo uso, aprobada en mayo del año pasado, porque puede romperse la unidad del mercado o vulnerarse la regulación de seguridad alimentaria. Promulgada a toda velocidad, adoleció de un análisis técnico riguroso y ahora Bruselas ha encargado a cinco firmas consultoras –Ramboll, Deloitte, Prognos, IEEP y Wood– un informe para elaborar una Guía que permita identificar los productos afectados.A grandes rasgos, la Directiva 2019/904, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente, prohibe productos plásticos de un solo uso, como cubiertos, vasos, pajitas y bastoncillos de algodón; obliga a reducir el uso de otros, como los recipientes de alimentos consumidos en el propio envase; establece porcentajes mínimos de reciclado, como el 25% de las botellas en 2029; y exige que los fabricantes –incluidas las tabaqueras, por los filtros de los cigarrillos– paguen la recogida y el reciclado del 90% de sus productos usados, con sistemas de responsabilidad ampliada del productor.22.000 millones de ahorroLa normativa fue muy aplaudida y logró que los Gobiernos y la Eurocámara se pusieran de acuerdo en sólo nueve meses –de mayo de 2018 a enero de 2019–, cuando normas similares suelen tardar dos años; a fin de cuentas, afecta a los productos y envases que se convierten en los 10 residuos plásticos más frecuentes de nuestras playas y se llegó a cifrar en 22.000 millones de euros el ahorro por evitar la contaminación. Sin embargo, ya entonces la Comisión mostró su disconformidad con tanta celeridad, señalando que la normativa se había aprobado sin dictamen, sin conocer a fondo su impacto, y alertando de que sus plazos eran muy ajustados. Y ahora está intentando que su trasposición a los ordenamientos internos de los socios comunitarios no se convierta en algo caótico y contraproducente, según refleja una carta que Daniel Calleja, director general de Medio Ambiente del Ejecutivo europeo, remitió a finales del año pasado.Los estados tienen dos años para incorporar el contenido de la Directiva a su legislación, pero la misiva previene de trasponer las prohibiciones antes de la fecha límite establecida –el 3 julio de 2021 en la mayoría de los casos–, al objeto de evitar que se rompa la unidad del mercado europeo. Añade que tanto en el caso de las prohibiciones como en el de las reducciones de uso, los legisladores deben asegurarse de que existen productos alternativos reutilizables que no contengan plásticos. Y puntualiza que los plásticos biodegradables no se consideran sustitutivos de los plásticos convencionales; los plásticos biodegradables, de hecho, sólo son compostables gracias a procesos industriales.Igualmente, pide a los estados que informen a la Comisión de las medidas técnicas que vayan a adoptar relacionadas con la Directiva antes de que entren en vigor –sobre todo si son más restrictivas–, para comprobar que no contravienen otras disposiciones europeas, con especial atención a las de higiene y seguridad alimentaria. Y subraya que, si se quiere ir más allá, se ha de demostrar que el mayor rigor es necesario para cumplir los objetivos y no se discrimina o restringe el comercio intracomunitario arbitrariamente.Finalmente, la epístola anuncia que la Comisión va a elaborar unas Guías con los productos afectados por la Directiva y con los costes relativos a la recogida de residuos vinculada a la responsabilidad ampliada de los productores. Para ello, ha encargado un informe a cinco consultoras, Deloitte, Prognos, IEEP, Wood y Ramboll, que lleva la voz cantante. Las empresas del sector –que ven con muy buenos ojos el intento de armonización de Bruselas– ya han recibido sus peticiones de información y esperan que sus primeras conclusiones estén listas en marzo y que el estudio haya finalizado en 2020.Navarra retrocedeLa carta de Bruselas ha llegado en el momento justo, porque los estados europeos ya están empezando a trasponer la Directiva. En el caso de España, con las competencias de la materia transferidas a las comunidades autónomas, Navarra acaba de aprobar una Ley Foral de Residuos que originalmente contemplaba establecer las prohibiciones para este mes de enero, pero el Parlamento, finalmente, ha aprobado una moratoria hasta el 3 de julio de 2021, acompasándose con el calendario comunitario.