El año pasado, las aportaciones netas a los planes de pensiones privados se situaron en los 1.167 millones de euros, gracias al dinero que entró en diciembre, según los últimos datos publicados por Inverco –hasta noviembre, apenas acumulaban entradas de 175 millones de euros–. Si bien es justo el doble de lo que captaron en 2018, cuando en el mercado se vivió uno de los años más difíciles de gestionar de la década, con pérdidas en prácticamente todos los tipos de activos, esos 1.167 millones representan una tercera parte de lo que los españoles aportaban a este tipo de productos en 2006, cuando introducían 3.800 millones de euros, un 69% más (ver gráfico). O visto desde otra perspectiva, lo que se aporta a planes de pensiones privados, el tercer pilar del sistema de pensiones –el primero es la pensión pública y el segundo, los planes de empleo que empresas y sindicatos ofrecen a sus trabajadores–, apenas representa un 1,5% de lo que gasta la Seguridad Social en pagar pensiones por jubilación (más de 78.800 millones de euros en 2019, con datos hasta noviembre, últimos disponibles, casi la misma cantidad que existe ahorrada en planes de pensiones del sistema individual, unos 79.800 millones de euros, a cierre de 2019. Su fiscalidad, en entredichoMientras el gasto de la Seguridad Social en esta partida va en aumento –en 2018 superó los 87.200 millones– y las aportaciones a los planes de pensiones privados a la baja, estos vehículos de ahorro finalista pesan solo un 5,1% en la estructura del ahorro financiero de las familias españolas (menos que una década atrás, cuando representaban un 5,3% de la misma). Y el hecho de que su fiscalidad esté bajo revisión no ayuda a fomentar su uso, opinan los expertos, porque precisamente la fiscalidad es uno de los dos tributos que mejor valoran los partícipes de planes de pensiones –el otro es la rentabilidad–, según el último Observatorio de Inverco. El Gobierno se ha comprometido a revisar la eficacia y la conveniencia de las ventajas fiscales de las que disfrutan estos productos de ahorro –Hacienda permite descontar de la declaración de la renta de manera directa las aportaciones realizadas a planes de pensiones, por importes de hasta 8.000 euros o del 30% de los rendimientos netos del trabajo–, para lo que se apoyará en un informe que prepara la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), aunque no ha especificado en qué dirección lo hará. Pero lo cierto es que, actualmente, el 65% de los españoles considera que las actuales ventajas fiscales son escasas, según un estudio de BBVA, mientras que el 74% de los partícipes estima que cuando recupera su dinero asume un tratamiento fiscal excesivo.En concreto, los incentivos fiscales al ahorro en planes de pensiones en España apenas alcanzan el 16% del valor presente de las aportaciones, frente la horquilla de entre el 20% y el 40% que logran en los países con los sistemas de pensiones más desarrollados, como son Países Bajos, Estados Unidos, Australia, Canadá, Dinamarca y Suiza. Es una de las razones por las que Carlos Esquivias, gerente de la comisión vida y pensiones de Unespa, señaló en el marco de una jornada de Mapfre y E&Y que "en el ámbito individual no se deberían reducir los incentivos para el ahorro en seguros y pensiones, sería necesario reforzarlos, haciendo los ajustes oportunos".Su uso es escasoPese a que el debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones es habitual –según un índice de Mercer, las pensiones españolas son las terceras menos sostenibles del mundo, solo por detrás de Italia y Austria–, por el reto estructural que supone el envejecimiento de la población, y que ha llevado al director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, a reconocer que dificulta, también, la tarea de los bancos centrales por su efecto a la baja sobre la inflación, únicamente el 28% de los españoles ahorra a través de los planes de pensiones individuales, según un estudio de ING, que aluden a la falta de capacidad para ahorrar una parte de sus ingresos como principal motivo para no planificar más su jubilación.El problema estructural de fondo no es baladí. Según datos del Banco de España (BdE), la relación entre la población mayor de 65 años sobre la total casi se duplicará (del 19% al 32%) entre 2016 y 2050. "El sector público tiene varias palancas de actuación y el privado una", reflexionó Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco en el marco de la misma jornada de Mapfre. "Desde realizar un plan estratégico del sistema de pensiones para ver qué modelo se quiere tener a largo plazo, hasta medidas legislativas en el ámbito financiero y fiscal. Dentro del ámbito financiero, se pueden hacer reformas", dijo, que vayan encaminadas a que los 4,5 billones que se concentran en activos inmobiliarios en España se hagan líquidos en forma de rentas durante la vejez.Actualmente, la tasa de sustitución (porcentaje que cobra el jubilado español sobre su último salario cotizado) en España es la más elevadas de la OCDE, donde la media es del 57,6%, del que el 41,3% corresponde al sistema público y 16,3% al privado (11,6% obligatorio y el 4,7% voluntario). En el caso de España, la tasa de sustitución es del 82% y es absorbida íntegramente por el sistema público, siendo la tasa más alta de los países de la OCDE cubierta exclusivamente por el sistema público. Se espera que esta tasa se reduzca en España hasta el 49,2% en 2050, según la Comisión Europea.