Ricardo Currás, consejero delegado hasta 2018, declarará ante la Audiencia como investigadoEl juez cita también a otros cuatro directivos y al antiguo auditor de la cadena de supermercados Ricardo Currás, exconsejero delegado de Dia, tendrá que declarar ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado -anteriormente imputado-, junto a otros cuatro miembros de su cúpula: su número dos, Amando Sánchez y los directivos Luis Martínez Gallardo, Antonio Arnánz y Juan Cubillo. El titular del juzgado de instrucción número 6, Alejandro Abascal, ha decidido atender así la petición de la Fiscalía, que acusó a Currás y a su equipo de haber urdido un plan para maquillar las cuentas a través de "prácticas contables irregulares", inflando el ebitda (resultado bruto operativo) en casi 52 millones para cobrar su retribución variable, que en 2016 se elevó a 616.620 euros y en 2017 a 217.500 euros. En el auto, divulgado ayer por la Plataforma de Afectados de Dia, creada por el bufete de abogados Gesico en nombre de varios accionistas minoritarios, que presentaron la querella contra Currás-, se incluye al auditor de sus cuentas de 2017, Carlos Peregrina García, de KPMG, aunque según un informe posterior de EY, Currás engañó tanto al consejo de administración como al propio auditor.La Fiscalía considera, de hecho, que fue Currás quien ideó un plan para mejorar de forma artificial los resultados del grupo durante el ejercicio 2017, estrategia que afectó también a su división en Brasil, donde contó con la colaboración del que entonces era el máximo responsable para América Latina, Antonio Coto, que fue nombrado posteriormente su sucesor como consejero delegado. Alteración contableSegún las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción, el que fuera consejero delegado de Dia entre 2011 y 2018 decidió "alterar ciertas magnitudes con reflejo directo en el ebitda, lo que le proporcionaba una apariencia de sólida gestión y alcanzar el cobro del variable por objetivos", dado que las cifras de 2017 no los cumplían. La estrategia de Currás acabó por lograr una "alteración artificial del ebitda de 51,8 millones de euros", lo que posteriormente obligó a la empresa a hacer ajustes y reexpresar sus cuentas. Concretamente, el auto apunta a que se optó entonces por contabilizar de forma incorrecta ingresos derivados de cargos de proveedores de marca blanca -en una central de compras montada en alianza con Eroski- y por eliminar de forma injustificada provisiones correspondientes a facturas pendientes de recibir. Asimismo, se dejaron de provisionar también el pago de primas y gratificaciones al personal, que acabaron afectando a las cuentas de 2018 en vez de a las de 2017, y se elevó la previsión de ingresos de Dia España de forma artificial. El auditor lo detectóSegún la Fiscalía, KPMG detectó una de estas prácticas irregulares en febrero de 2018, durante la auditoría de cierre de las cuentas de 2017. No obstante, la investigación interna no empezó hasta después del cese de Currás, en agosto de 2018. Las pesquisas comenzadas entonces sirvieron para detectar irregularidades en la matriz del grupo, Dia España, así como en su división en Brasil. En el caso de Brasil, esta "alteración artificial" tuvo un impacto de 55,5 millones de euros en su ebitda de 2017, aunque su efecto finalmente fue menor, debido a que la Justicia del país aprobó una devolución fiscal a Dia por 40 millones.Este maquillaje de las cuentas se realizó emitiendo cargos ficticios a proveedores, dejando de contabilizar facturas y contabilizando ventas irregulares. De hecho, la división brasileña "trató de ofrecer una imagen al mercado mucho mejor de la real, mediante la transmisión de datos sobre las cifras de ventas de Dia Brasil a la consultora Nielsen, que no se ajustaban a los reales".Para continuar con el proceso judicial en marcha, el juez ha citado a declarar como testigos el próximo 28 de enero al exconsejero de Dia Miguel Ángel Iglesias Peinado y a Susana Pagés, la directora de Compras de la compañía en 2017. Un día antes declararán, en calidad igualmente de testigos peritos, los autores de los informes forenses publicados en abril de 2019.Querella de la compañíaCurrás y el resto de la antigua cúpula directiva de la compañía se enfrenta, además, a otra querella presentada por la propia empresa contra ellos por estas mismas irregularidades. De hecho, Dia anunció ya el año pasado que iba a reclamar a su antiguo consejero delegado que devolviera los 2,4 millones de la retribución recibida en los tres últimos años, tras detectarse irregularidades contables.En la remuneración corresondiente a 2018, que se eleva a un total de 2,56 millones, no figuraba ningún pago variable, al haber salido antes del 31 de diciembre, pero sí la indemnización por su despido el 24 de agosto de 1,6 millones. Currás, que cobró un sueldo de 486.806 euros en su último año, tenía firmado, igualmente, un pago de 600.000 euros por una cláusula de no competencia, que no se le abonó.