"FG ordenó a Villarejo controlar las llamadas de Sebastián, Del Rivero, Abelló, Rato e Ybarra para frenar el asalto de Sacyr a BBVA". La entidad financiera amaneció el 10 de enero de 2019 convertida en la gran protagonista de los titulares de prensa, tras destaparse el presunto encargo de espionaje que realizó al excomisario de policía para el banco, que pinchó más de 15.000 llamadas telefónicas de relevantes políticos y empresarios entre 2004 y 2005. El fuego prendió de golpe y fue imposible de controlar. El mismo día que el escándalo se hizo público, BBVA hizo ver que ya trabajaba en el caso, al anunciar que en junio de 2018 inició una investigación interna para esclarecer la contratación del exinspector José Manuel Villarejo. El banco fue más allá y aseguró que, de acreditar la existencia de irregularidades, procedería a emprender acciones jurídicas contra su responsables. Tres días después, añadió que, hasta que no existieran imputaciones, no tomaría medidas. Un año más tarde, además del propio BBVA como entidad jurídica, hay otros trece directivos y exdirectivos del banco imputados en la causa, de los que la entidad aún mantiene a seis en su cargo: Juan Asúa, asesor de Presidencia; Javier Malagón, responsable de control y datos en Finanzas; Inés Díaz Ochagavía, directora de seguridad corporativa; Nazario Campo, jefe de equipo de Seguridad; Ricardo Gómez Barredo, consejero de Garanti, e Ignacio Pérez Caballero, director de red de Banca Comercial. De momento, ha habido solo dos ceses de directivos del banco relacionados con la trama, el de Antonio Béjar, expresidente de Distrito Castellana Norte y exjefe de Inmobiliario del banco, y Eduardo Arbizu, exjefe de Regulación y Control Interno. Béjar, además, está colaborando con el magistrado del caso, José Manuel García-Castellón. Así, de anunciar demandas y medidas en enero contra los presuntos responsables, el banco ha permanecido estático, ha pasado a defender la presunción de inocencia y a dejar las actuaciones en ma-nos de la Justicia. Ni si quiera ha hecho llegar al Banco Central Europeo (BCE) las conclusiones de su investigación, amparándose en que la causa está bajo secreto. Sin ésta, el organismo no tiene información suficiente para evaluar la idoneidad de la cúpula del banco y, en caso contrario, pedir cambios. No obstante, el banco sí quiso personarse en la causa en calidad de afectado, pero el mismo día del pasado mes de julio que el juez decidió imputar a BBVA por cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, rechazó que se personara en el proceso. Salida del expresidenteOtro de los grandes hitos que ha vivido la entidad en el año que ha pasado, desde que el escándalo saltase a la luz, ha sido la marcha del banco del que fue su presidente durante dos décadas, Francisco González (FG). Cuando se conoció el caso de espionaje, FG ya ocupaba la presidencia de honor de BBVA, habiéndole cedido la presidencia ejecutiva a Carlos Torres, que acababa de estrenarla. El Banco Central Europeo (BCE) comenzó a presionar a BBVA, a mediados de enero del año pasado, para que FG dejara su cargo. Sin embargo, tan solo quince días después y el mismo día de la presentación oficial a los inversores del nuevo consejero delegado Onur Genç, Torres elogió la figura de su antecesor, en lo que se interpretó como un gesto de respaldo al expresidente. Por entonces, el caso rizó el rizo al vincularse a FG y Villarejo con el incendio de la Torre Windsor de Madrid. González aguantó en su puesto bajo un escrupuloso silencio, pero, finalmente, el 14 de marzo, día previo a la junta de accionistas, abandonó el banco, aunque, según alegó, de manera provisional. En esa semana se conoció que BBVA también encargó a Villarejo que espiara al constructor Fernando Martín y, poco después, al expresidente de Colonial Luis Portillo. El juez imputó a FG por cohecho y revelación de secretos el pasado mes de noviembre. En estos 365 días, BBVA ha admitido que el caso puede conllevar un riesgo reputacional y patrimonial para el banco, que no puede controlar a todos sus directivos y que no cierra la investigación interna por si salen nuevos casos.