Sólo el 30 por ciento de los concursos de ahorro y eficiencia energética de la Administración se resuelvan en el mismo año en que se convocaron, por culpa del desconocimiento del modelo de negocio de las empresas de servicios energéticos (ESE), la lentitud de la burocracia, la complejidad de los pliegos de las licitaciones, la falta de medios y la apelación a los tribunales de los descontentos con el resultado de los procesos, entre otras razones. El plazo medio de maduración de los contratos ha pasado desde los nueve meses de 2015 hasta los 12 meses del año pasado.Así lo refelejan los datos de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (Anese), que ha analizado la evolución del sector entre 2015 y 2018, y receta a los responsables públicos "que se dejen asesorar a la hora de diseñar los procedimientos y los pliegos de condiciones", en palabras de Carlos Ballesteros, director de la entidad.El retraso a la hora de materializar las actuaciones no es exclusivo de la Administración, pero se supone que ésta debe tener un comportamiento ejemplarizante –así lo exige la normativa, fijando cuotas mínimas anuales– que no se refleja en los datos: el peso del sector público en el mercado del ahorro y la eficiencia se ha hundido desde el 23 por ciento de 2015 hasta el 5 por ciento de 2018, mientras que en el mismo período la importancia del sector privado se ha disparado desde el 26 por ciento hasta el 46 por ciento; al mismo tiempo, las actuaciones conjuntas público-privadas se han mantenido estables, pasando del 51 por ciento al 49 por ciento.Mercado de 1.200 millonesEl volumen del mercado nacional tampoco ha experimentado un cambio relevante en esos cuatro años, puesto que ha crecido un 1 por ciento, pasando de los 1.170 millones de euros a los 1.183 millones, y el presupuesto del proyecto medio ha bajado un 3 por ciento, de los 523.000 euros a los 506.000 euros. La única diferencia es el mayor peso de las ESE con un volumen de facturación intermedio –de 5 a 10 millones al año–, que ha duplicado su cuota hasta el 10 por ciento del total, reduciéndose el de las empresas más pequeñas, con una facturación menor, de 2,5 a 5 millones anuales, por la ampliación de los tipos de proyectos. Aún así, el 59 por ciento del mercado pertenece a Pymes que facturan menos.El hecho de que el grueso del mercado de ahorro y eficiencia energéica esté en manos de Pymes con menos de 50 empleados incide directamente en la generación de empleo y riqueza local: el 58 por ciento de las ESE operan en menos de cinco comunidades autónomas. No obstante, un 18 por ciento ha desarrollado proyectos en el extranjero, y la actividad fuera de nuestras fronteras le aporta el 25 por ciento de la facturación.También ha cambiado a mejor el uso de la tecnología por parte de las empresas; gracias a ello, los niveles de ahorro y de rentabilidad que consiguen con sus actuaciones son superiores. Los presupuestos varían según el tipo de proyecto, desde los 813.000 euros del alumbrado hasta los 264.000 euros de los edificios, pasando por los 668.000 euros de la industria, pero, con una duración típica de siete u ocho años, proporcionan un ahorro energético medio del 30 por ciento, que se traduce en un ahorro económico de 242.000 euros. El mayor ahorro de energía se obtiene con el alumbrado y la iluminación, que alcanza el 45 por ciento, seguida por la climatización –28 por ciento–, la rehabilitación de la envolvente de los edificios –27 por ciento– y las aplicaciones industriales, que llegan al 26 por ciento. Atendiendo al coste en emisiones de carbono, ahora ronda los 19 euros por tonelada de CO2, sensiblemente menos que el mercado europeo, donde ronda los 25 euros.Escasa externalizaciónLas barreras que impiden un mayor desarrollo del mercado, de acuerdo con Anese, son la escasez de las ayudas fiscales, la baja tendencia a la externalización de los servicios energéticos, la escasa conciencia ciudadana, la duración de los contratos y los procesos burocráticos. Llama la atención que haya desaparecido la falta de financiación.