El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-ley que prorroga la actual retribución regulada de las renovables –unos 7.000 millones de euros anuales–, hasta que acabe 2031, con la intención de recuperar la confianza de los inversores afectados por los recortes retroactivos anteriores a 2013 y de que se retiren las demandas de arbitraje que firmas extranjeras tienen presentadas contra el país en tribunales internacionales. Para conseguirlo, se mantendrá la tasa de retribución financiera de unas 64.000 instalaciones verdes en el 7,4 por ciento que aprobó el anterior Gobierno, aplicando una fórmula consistente en añadir un diferencial de 300 puntos básicos al bono del tesoro a 10 años. En caso de haber repetido el mecanismo, que la legislación exigía aplicar cada sexenio, la tasa de rentabilidad se hubiera quedado en el 4,4 por ciento, provocando un severo recorte de ingresos que muchas instalaciones, construidas hace más de una década y ya refinanciadas en los últimos años, no habrían resistido.Las patronales del sector, AEE, Appa, Unef, Anpier y otras, aplaudieron sonoramente la aprobación del RDL, destacando que aporta estabilidad y certidumbre al sector. Aunque aún falta su convalidación por las Cortes, es vox populi que está pactado con la oposición política; de hecho, no se ha aprobado antes para evitar el electoralismo de la medida. Reclaman 10.000 millonesLa legislación ha impedido que los inversores nacionales reclamaran una indemnización por los recortes al Estado, pero los inversores extranjeros, acogidos al Tratado de la Carta de la Energía, han presentado 45 arbitrajes contra el país en varias Cortes internacionales. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cifró en 10.000 millones el importe de sus reclamaciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.España ha perdido ya 10 de estos juicios internacionales, que reclamaban unos 1.700 millones. Los fallos han rebajado esta cantidad hasta los 820 millones y España ha recurrido en todos los casos, de modo que aún no ha desembolsado cantidad alguna. Las instalaciones implicadas en un arbitraje también pueden acogerse a esta prórroga retributiva, pero deben renunciar al pleito. En el caso de que no lo hagan, se les otorgará una tasa de rentabilidad del 7,1 por ciento hasta 2025 y durante el siguiente sexenio se les aplicará la fórmula prevista –bono del tesoro más 300 puntos–, con el nivel de rentabilidad que corresponda, presumiblemente bajo por el actual nivel de tipos de interés.Conexiones y transición justaEl RDL también habilita al Gobierno a regular un procedimiento para otorgar la capacidad de la red eléctrica que se libere con el cierre de centrales a nuevas instalaciones de renovables, pero atendiendo a su potencial de creación de empleo y a otros criterios ambientales. Antes planteaba reservar la capacidad a los titulares de las centrales térmicas y nucleares que cierren, las grandes eléctricas, siempre que firmaran un convenio de transición justa con el Miteco.